Mientras el pasado 13 de septiembre el proyecto 563 para beneficiar a los empleados públicos ni siquiera fue llevado a votación, ahora sí los representantes votaron por la pieza legislativa, pero no obtuvo el apoyo necesario.

La Cámara no logró pasar hoy por encima del veto del gobernador al proyecto 563, que busca establecer la Ley de Salario Mínimo de los Empleados Públicos, después de que la mayoría de los representantes se opusieran a la pieza legislativa.

La medida, en reconsideración, necesitaba 34 votos (dos tercios), lo que finalmente no se logró, ya que no tuvo el respaldo de al menos cuatro legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El 563, al final, recibió 30 votos a favor y 19 en contra (dos representantes no votaron).

El mismo proyecto, originalmente, antes de que fuera vetado por el gobernador el pasado 25 de agosto, había sido apoyado por 47 votos a favor y ninguno en contra en la Cámara.

Más tarde, el 13 de septiembre, el proyecto ni siquiera fue llevado a votación en la Cámara (no tenía los votos necesarios), aunque sí en el Senado, que logró el respaldo de los legisladores para pasar por encima del veto del gobernador (18 votos a favor, incluido el de William Villafañe, del PNP).

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia había advertido en su momento que los objetivos de política pública perseguidos por la medida “no contemplan los gastos requeridos por la pieza legislativa y ésta no contempla ingresos o ahorros que permitan compensar los gastos inherentes a la implementación de los aumentos, según lo exige la Ley 52 de 2021″.

En definitiva, Pierluisi Urrutia había argumentado que el proyecto del Senado resultaba “significativamente inconsistente» con el plan fiscal y el presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En el hemiciclo, el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, dijo que la medida amparaba la “justicia salarial” para los empleados del sector público y opinó que “más allá de la palabra progreso, tiene que haber una acción de progreso que demuestre verdaderamente la intención de la política pública”.

Incluso, informó que “en esta Cámara hay 38 empleados por debajo de los $8.50 y a $7.25, en su mayoría trabajando con la delegaciones. Nosotros, en la Cámara, con acciones estamos firmando una orden administrativa para que a estos compañeros, comenzando la próxima quincena, se les honre un aumento a $8.50, que es la política pública de esta Cámara de Representantes”.

“Lo que está en nuestras manos, primero con acciones administrativas, ya nosotros damos el paso en la dirección correcta”, dijo sobre el aumento el grupo de empleados del cuerpo legislativo.

Y entonces, en lo que fue finalmente una exhortación infructuosa, pidió “a los compañeros del PNP que suelten las ataduras ante la determinación de caucus y voten por su gente humilde, por esos servidores públicos que se levantan todos los días por un trabajo de calidad”.

Tampoco sirvieron de mucho los conceptos que se escucharon en el hemiciclo, como “tener conciencia”, “momento histórico”, “asumir responsabilidad”.

El proyecto 563 disponía que el “primer día del mes próximo de la aprobación de esta ley se aumentará el salario mínimo de los empleados públicos a $8.50 la hora. Para el 1 de julio de 2023, el aumento al salario mínimo de los empleados públicos será de $9.50 la hora. El 1 de julio de 2024, el aumento al salario mínimo de los empleados públicos será de $10.50 la hora, a menos que la Comisión emita un decreto mandatorio variando el mismo. Además, del 1 de julio de 2024 en adelante, el salario mínimo de los empleados y empleadas públicos será aquel establecido por la Comisión”.

Tampoco hubo apoyo al 1383

La Cámara tampoco logró pasar por encima del veto del gobernador al proyecto 1383, que buscaba recortar en un 75% la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La pieza legislativa obtuvo 30 votos a favor, 16 en contra y una abstención (tres legisladores no votaron).

Dos representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Memo” González Mercado y Wilson Román López votaron inicialmente a favor, pero luego se restaron.

El pasado 19 de julio, el gobernador, al vetar la medida afirmó que «la mayoría de las disposiciones» contradecían el plan fiscal certificado «y cualquier intento de invalidación resultaría en un proceso judicial innecesario y que culminaría con la invalidación de la ley”.

El proyecto establecía condiciones para la emisión de cualquier deuda futura por parte de la AEE, como la implantación de reformas que despoliticen el funcionamiento de la corporación pública, la imposición de una tarifa razonable (no mayor a 20 ¢/kWh), el recorte de la deuda de bonos de la AEE en al menos 75%, así como el financiamiento adecuado y mantenimiento del Sistema de Retiro de Empleados de la AEE, además de la garantía del pago de las aportaciones patronales al Sistema de Retiro de Empleados de la AEE.

También la medida establecía la condición de cualquier nueva emisión de bonos a los términos del Trust Agreement y la prohibición de emisión de bonos asegurados de la AEE.

Otro elemento es que prohibía desmantelar la AEE y ceder sus intereses a entes privados.