Los departamentos federales de Transportación y Justicia han tratado de que la ciudad capital cumpla con las leyes antidiscrimen de personas con discapacidad desde la administración de Cruz Soto.

El Departamento de Justicia federal demandó al Municipio de San Juan porque sus aceras presentan condiciones y fallas que las hacen «extremadamente difíciles, si no imposibles, para que una persona en silla de ruedas las pueda usar para navegar de manera segura el sistema de aceras públicas de la ciudad».

La acción, presentada ayer, ocurre a manera de intervención en un pleito civil que ya un grupo de ciudadanos privados mantiene desde 2019 y después de que el gobierno federal advirtiera al gobierno municipal sobre estas fallas, también desde 2019, cuando la alcaldesa era Carmen Yulín Cruz Soto.

El documento da cuenta de dos evaluaciones de las aceras que el gobierno federal ha hecho con idéntica conclusión: que las aceras y otras barreras arquitectónicas hacen que los aproximadamente 37,000 residentes discapacitados de la capital, así como visitantes y turistas, no puedan moverse en sus sillas de ruedas o sillas motorizadas a lugares neurálgicos para su diario vivir.

En el 2017, una evaluación de la Administración Federal de Autopistas encontró este problema en la urbanización El Vedado y una evaluación posterior de Justicia federal encontró lo mismo en 10 puntos de la ciudad con alto tráfico, como centros de transportación, escuelas, instalaciones médicas, bibliotecas, correos, tribunales, áreas comerciales y atracciones turísticas.

«[L]os problemas rampantes de accesibilidad en el sistema de aceras públicas de San Juan incluyen rampas agrietadas, con pendiente muy aguda, o que no existen, y aceras que son desiguales, muy estrechas, u obstruidas por postes de tendido eléctrico u otros obstáculos», indica el documento al señalar también que el problema se complica porque la ciudad no ejecuta rigurosamente sus leyes de tránsito para que los vehículos no obstruyan el área de paso de las personas discapacitadas.

La ciudad tampoco tiene un proceso formal para que estas personas puedan quejarse de problemas de acceso o movilidad, ni tiene asignado un coordinador para la ley federal de personas con discapacidad.

«La prevalencia y severidad de las barreras arquitectónicas en muchos de los lugares que el departamento evaluó hacen extremadamente difíciles, si no imposibles, para que una persona en silla de ruedas las pueda usar para navegar de manera segura el sistema de aceras públicas de la ciudad», por lo que «San Juan le niega a estos individuos una oportunidad igual para moverse de manera segura y eficiente por la ciudad y para acceder a lugares importantes para la vida urbana», concluye.

En un comunicado, el jefe de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, aseguró que ya han entablado conversaciones con los ciudadanos demandantes y con el gobierno municipal para asegurar una «resolución significativa» de la demanda.