En un escrito para defenderse de una supuesta violación a la orden de mordaza, la defensa del productor acusado a nivel federal expuso su versión sobre la conversación grabada con el Exsecretario de Asuntos Públicos. Te explicamos.

En un escrito para defenderse de la supuesta violación a la orden de mordaza al dar una entrevista al programa Jugando Pelota Dura y hacer expresiones en Facebook, el productor de radio y televisión, Sixto Jorge Díaz Colón aseguró al tribunal que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares lo contrató el 13 de julio de 2019 para limpiar su imagen, afectada por la divulgación de 889 páginas de un chat de Telegram que mantuvo con el círculo íntimo de su administración.

Esta alegación del abogado Rafael Castro Lang es distinta a la que hizo su cliente en el programa de televisión, donde dijo que Rosselló Nevares lo había contratado en febrero de 2020 para hacer un documental sobre los eventos del verano del 19 desde la perspectiva del exgobernante, quien renunció por las protestas e indignación que provocó el contenido del chat divulgado en su versión más amplia por el Centro de Periodismo Investigativo.

«Díaz Colón le informó (al exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Omy Maceira Zayas) de la existencia de los chats y del daño que podían causar a la administración si se revelaban públicamente. Él eventualmente le informó al gobernador Rosselló y sugirió una estrategia de control de daño para levantar su imagen con el público después de que los chats fueran revelados. El gobernador Rosselló decidió contratar a Díaz Colón cerca del 13 de julio para asistir a su administración en tratar de controlar cualquier daño que los chats puedan causar si se hacían públicos e instruyó a Díaz Colón y a (Maceira Zayas) a que se reunieran con relación a la estrategia de comunicación. Esto no tuvo nada que ver con una oferta de extorsión», expuso Castro Lang en la moción.

De esta manera, por primera vez de manera formal en el caso se conoce la versión de los hechos que el acusado presentaría en juicio. De hecho, Castro Lang ha reiterado al tribunal que su cliente tiene la intención de enfrentar juicio y no buscar un acuerdo con la fiscalía federal.

Esta versión coloca al exgobernador Rosselló Nevares con conocimiento previo de que los chats serían publicados y del daño que le provocarían y a Maceira Zayas como el originador de la estrategia mediática para mitigar el impacto de los chats. También, esta versión implica que cuando Rosselló Nevares compareció el lunes 15 de julio, después de la revelación del chat, al programa que Díaz Colón producía, Nación Z, para su primera entrevista de televisión y radio, lo hizo por un «contrato» que había hecho con el productor y que tenía el propósito de limpiar su imagen.

La moción añade que Maceira Zayas contactó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) sin conocimiento de su cliente y recibió instrucciones de grabar una conversación discutiendo los $300,000 a cambio de que no salieran más chats y de que personas como el titiritero Antulio «Kobbo» Santarrosa, productor del programa La Comay, hablaran a favor del exgobernador. Según la acusación federal y los extractos que han salido de las grabaciones, la conversación entre Díaz Colón y Maceira Zayas no era de estrategia para mitigar el daño de los chats sino una negociación en la que el productor pidió dinero en efectivo y contratos de gobierno a cambio de una promesa de que no saldrían más chats.

En las conversaciones, Díaz Colón aparece como la persona que tenía el contacto directo con Raúl Maldonado Nieves y que podía persuadirlo a que no divulgara más chats. Maldonado Nieves es el hijo de Raúl Maldonado Gautier, el exsecretario de Hacienda y de la Gobernación a quien Rosselló Nevares destituyó fulminantemente por razones que todavía no están claras.

Castro Lang añadió en la moción que su cliente nunca dio seguimiento a la solicitud de Maceira Zayas para que contactara a Maldonado Nieves sobre el pago de $300,000 y el detente a la publicación de más chats. Pero el 26 de julio, 10 días después de la conversación con el exfuncionario de Fortaleza, agentes del FBI fueron a la residencia del productor con una orden de allanamiento para ocupar su teléfono pero, antes de informarle esto, consiguieron que este lo entregara voluntariamente y estuvieron «varias horas» coaccionándolo para que llamara a Maldonado Nieves sobre la oferta de $300,000.

Finalmente, Díaz Colón accedió a hacer la llamada frente a los agentes y recibiendo instrucciones de estos sobre qué decir. Maldonado Nieves «informó que nunca quiso dinero y que solo quería destruir al Gobernador y su administración por lo que le habían hecho a su padre» y no hizo referencias a ofertas de extorsión pasada.

Castro Lang plantea que fue esa llamada que su cliente hizo bajo coacción del FBI la que se usó para acusarlo. El productor enfrenta cargos de intento de extorsión, extorsión interestatal mediante amenaza y obstrucción a la justicia mediante la destrucción de los mensajes de Telegram que intercambió con Maceira Zayas y que son parte de la evidencia en el caso. «¡El FBI creó la oferta de extorsión cuando forzaron a que Díaz Colón hiciera la llamada!», enfatizó el abogado.

Sobre las expresiones públicas de su cliente, Castro Lang planteó que fueron en respuesta a una opinión pública que radicó el juez Francisco Besosa y a un documento que radicó la fiscalía que inicialmente fue público y, por tratarse de reacciones a eso, no se le puede imputar violación de la orden de mordaza. «Díaz Colón podía ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión debido a que su respuesta mediática se debió a órdenes y mociones radicadas en el expediente sin restricción… [C]riticar públicamente al gobierno por montarle un caso no constituye una violación a la orden de mordaza», dijo el abogado sobre esto.

La fiscalía insistió por escrito en que no solo fue una violación de la orden de mordaza, sino de la orden que protege la evidencia que el gobierno le entrega al abogado de defensa. La moción de fiscalía no es clara sobre qué de lo divulgado es evidencia que se entregó a la defensa, pero insiste en que «la insatisfacción del acusado con la determinación de la corte en este caso y su decisión de publicar esta insatisfacción en la esfera pública de manera tan incendiaria corre el riesgo de corromper la integridad de los procesos y es precisamente la naturaleza de la conducta para la cual se instituyó la orden de mordaza».

El juez Besosa citó a una vista hoy, 11 de julio, en la que se discutirá la solicitud de fiscalía de que Díaz Colón sea declarado incurso en desacato, se le impongan sanciones o hasta se le revoque la fianza para que esté bajo custodia hasta su juicio el 5 de diciembre próximo.

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