AAFAF nunca pudo dar datos que sirvieran siquiera para empezar a evaluar el impacto de la ley creada al final de la administración de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó que se quedará anulada la Ley 80 que proveía para un retiro temprano a ciertos empleados públicos y, por tanto, se acaba la búsqueda de un mecanismo alterno para implantar alguna forma de retiro incentivado.

La decisión, notificada por carta el viernes pasado, describe la “dejadez” del gobierno para cumplir con los términos pactados en la negociación y la incapacidad de proveer datos con los que se pudiera calcular el costo que esa ola de retiro tendría en las arcas públicas y los mecanismos para recuperar el dinero.

La postura del gobierno ocurrió a pesar de que la promesa de proteger la Ley 80, o buscarle una alternativa, fue central en el cabildeo de la Administración Pierluisi para lograr el voto de la Legislatura a favor de la legislación habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda. Específicamente, el voto del senador novoprogresista Gregorio Matías Rosado, quien prometió a los policías mejorarles su retiro a través de esta legislación, o su alternativa.

La Ley 80, y las leyes complementarias 81 y 82, son objeto de discusión entre la JSF y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) desde fines de 2020. Pero, más específicamente, los últimos cuatro meses las conversaciones se realizaron bajo una orden de la jueza de quiebras Laura Taylor Swain. Originalmente, la orden era producir una solución en 45 días, pero el plazo fue pospuesto.

«El esfuerzo ha sido futil. La orden (de la jueza) requería que el gobierno se enfrascara en un ejercicio fiscalmente responsable de determinar los costos reales de implantar la Ley 80 y para identificar, si posible, ahorros por encima de los ahorros requeridos en el Plan Fiscal. A la fecha, el gobierno ha fallado en proveer la información y el análisis necesario para concluir si la Ley 80 puede realmente generar ahorros», concluyó en la carta el abogado de la JSF, Jaime A. El Koury.

Según lo describe El Koury, la conversación no pasó de la crítica primera base porque el gobierno dijo que 11,000 empleados en 150 agencias habían notificado su intención de aprovechar la ley, pero AAFAF nunca pudo proveer datos para más de 1,100 empleados en siete agenias.

Aún los datos de los 1,100 estaban llenos de huecos porque los cálculos de costo estaban basados en presunciones especulativas que no incluían la identidad de los empleados que se transferirían para llenar la posición de los retirados, los salarios reales, los beneficios acumulados reales, la agencia donde están actualmente ni el efecto que tendría en sus agencias actuales las transferencias de esos empleados.

La determinación de dejar las leyes anuladas se comunicaría próximamente a la jueza Swain mediante moción conjunta de la JSF y el gobierno.