Eso le compete ahora al consorcio de los municipios de Cayey, Coamo, Villalba y Salinas.

El presidente de la Junta de Planificación (JP), Julio Lassús Ruiz, aseguró que dicha agencia carece de jurisdicción para intervenir en el caso de la Reserva Estuarina Bahía de Jobos en Salinas y lo atribuyó al Convenio de Transferencia de Facultades al Consorcio CCVS, que está vigente desde el 2016, y que comprende los municipios de Cayey, Coamo, Villalba y Salinas.

Dicho convenio, explicó, se acordó a tenor con las disposiciones de la antigua Ley de Municipios Autónomos, que están hoy recogidas en el Código Municipal y la Ley 161-2009. Afirmó que “una vez la Junta de Planificación transfiere su jurisdicción a un consorcio o municipio autónomo, son estos los que están obligados en ley a atender las querellas por ausencia de permisos, como es el caso de Salinas”.

Sostiene en expresiones escritas Lassús Ruiz, que el mencionado convenio dispone en su Artículo 3, Inciso B-8 que la transferencia al consorcio de las competencias o facultades de la Junta de Planificación y de la Oficina de Gerencia de Permisos conlleva la transferencia de todas las facultades legales que tienen dichas agencias para promover el cumplimiento e implementación de la reglamentación vigente sobre el uso del suelo.

“El convenio lo que hace es establecer que quien único tiene jurisdicción para atender los asuntos de permisos en el municipio de Salinas, es el Consorcio CCVS”, recalcó.

Abundó en su postura y señaló que “en este mismo inciso se indica que correspondería al consorcio acudir a las instancias legales representado por los alcaldes de los municipios que integran el consorcio con el fin de atender, denunciar, procesar o resolver las querellas sobre las violaciones de uso y construcción relacionadas con las competencias transferidas”.

Informó, por otro lado, que el Consorcio CCVS solicitó la auditoría de un permiso para conocer si procede una acción contra este y adelantó que la Junta de Planificación se encuentra en las etapas finales del proceso de auditoría y posteriormente remitiría sus hallazgos al consorcio. “Esto sería así en virtud del convenio, puesto que es el Consorcio CCVS quien toma las acciones en contra del permiso o en la ausencia de estos”, insistió Lassús Ruiz.

Aclaró, finalmente, que la JP ha estado trabajando en conjunto con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y otras agencias del Gobierno en el desarrollo de la estrategia legal para atender la situación que está ocurriendo en la Bahía de Jobos.

“La Junta de Planificación, desde que advino en conocimiento de la situación en el Municipio de Salinas, ha estado ofreciendo su pericia al DRNA para atender el asunto. Tomando en consideración los hechos específicos de este caso siempre fue nuestra recomendación que, en aras de garantizar la mayor protección del ambiente y permitir que el DRNA pueda evaluar cuáles son las medidas de mitigación adecuadas, se presentara una acción de desahucio para que tomara posesión de la finca que le pertenece. En el día de hoy, vemos que el DRNA ya está tomando acción”, concluyó.

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