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Plataforma digital de Educación detenida por irregularidades en Oficina de Compras

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Plataforma digital de Educación detenida por irregularidades en Oficina de Compras

12 de marzo de 2019. Ricardo Rossello junto a Julia Keleher anuncian inversión millonaria para renovación tecnológica en el Departamento de Educación.

La subasta de $35 millones está impugnada ante el Tribunal de Apelaciones y la Junta de Supervisión Fiscal.

Una subasta de $35 millones que traería el sistema escolar al Siglo 21 con una plataforma digital para estudiantes y maestros está detenida en el Tribunal de Apelaciones por impugnaciones debido a actuaciones indebidas de la Oficina de Compras del Departamento de Educación (DE).

La subasta fue adjudicada en agosto pasado a A New Vision in Educational Services and Materials, INC. h/n/c Dreyfous & Associates, el postor que tenía a una exempleada en el comité que evaluó las propuestas y que, después de que esa exempleada tuvo la oportunidad de ver las mismas, le rebajó $10 millones al precio que presentaron. Con esa rebaja se movieron de ser el postor más caro con $35 millones, a ser el más barato, con $25 millones. Además, en las impugnaciones se imputa que la propuesta agraciada no cumple con todos los requisitos técnicos y que hubo errores matemáticos en la evaluación de las propuestas.

El proceso comenzó con una solicitud de propuestas que emitió el DE hace más de un año, bajo el exsecretario Eligio Hernández Pérez, con el propósito de atender las deficiencias tecnológicas que surgieron cuando los estudiantes del sistema público vieron su rutina trastocada primero por los terremotos y luego por la pandemia.

La plataforma, sufragada con fondos de Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES Act), daría apoyo digital en las materias de Español, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Inglés, Educación Física, Salud y Bellas Artes para los grados de kínder a duodécimo. El contrato otorgado incluiría un periodo para transicionar la plataforma al DE y que la agencia la opere.

Pero los estudiantes ya volvieron a las clases presenciales y todavía la plataforma está detenida por impugnación judicial. También, fue objeto de una querella ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que sometió Casa Grande Interactive Communications Inc., una de las empresas participantes del proceso. El ente fiscal contestó el 24 de noviembre pasado que esperaría a que la agencia les someta el contrato para entonces someterlo a revisión.

Desde el 13 de octubre de 2021, la Junta de Revisión Administrativa (JRA) del Departamento determinó que la Oficina de Compras había actuado ilegalmente y revocó la adjudicación a Dreyfous, pero la empresa, que no había comparecido ante la JRA, recurrió al Tribunal de Apelaciones para pedir que se le volviera a adjudicar el contrato.

El tracto denota que las propuestas fueron sometidas al DE el 8 de enero de 2021. El 28 de enero se conformó al comité evaluador que incluía a la exempleada de Dreyfous, Yanira Santa. Después de tener reuniones para discutir las propuestas en detalle, Santa se inhibe el 13 de febrero aludiendo al conflicto de intereses que representaba el que Dreyfous hubiera sido su patrono. El 28 de abril, y sin que nadie se lo pidiera, Dreyfous sometió una rebaja de $10 millones a su precio, para convertirse del postor más caro al más barato. Tras la salida de Santa, el grupo evaluador quedó con cinco miembros, dos con 20 años de experiencia en el área tecnológica del DE y tres que respondían al subsecretario de Asuntos Académicos, Guillermo López Díaz.

En su resolución unánime, la JRA estableció que cuando la Oficina de Compras le aceptó a Dreyfous una rebaja de $10 millones después de sometidas las propuestas, pero antes de adjudicado el contrato, «se abrogó una prerrogativa de manera arbitraria y caprichosa, que incluso permitía que también pudieran haber negociaciones con solo uno de los proponentes previo a la adjudicación del proceso de competencia, lo que hubiera conllevado un claro abuso de discreción y una ventaja indebida para solo ese proponente».

Al añadir que la Oficina actuó ilegalmente y que lo que procedía era descalificar a Dreyfous, la JRA recordó que «el requerimiento de un proceso de subasta persigue que se adjudiquen al postor más bajo y así se evita que haya favoritismo, corrupción, extravagancia y descuido al otorgarse los contratos».

Si Dreyfous es descalificado, el postor más bajo sería Require Puerto Rico, Inc. ($26,676,125), quien compareció a Apelaciones para defender la determinación de la JRA. Pero el análisis de las propuestas no termina ahí porque la JRA también estableció que hubo errores en la puntuación de los evaluadores. Por ejemplo, a Casa Grande se le restaron puntos por no cumplir con un requisito técnico pero, en realidad, lo cumplía. Esto resultó porque la descripción de ese requisito en el documento de solicitud de propuestas no estaba clara. La Oficina de Compras dijo a la JRA que ellos no están obligados a aclarar las confusiones que puedan surgir en el proceso de propuestas, pero la Junta le ripostó que la acción correcta «hubiera sido garantizar que todas las dudas fueran aclaradas (y) los evaluadores estuvieran bien informados».

Por tanto, de eliminarse Dreyfous, queda Require como postor más bajo, pero también queda Casa Grande ($29,950,000) como postor con potencialmente mayor puntuación, debido a los errores en las hojas de evaluación. La carta sometida ante la JSF también resalta que Educación ha iniciado otras dos propuestas para adjudicar contratos por servicios que ya la propuesta de Casa Grande tenía integrados en la plataforma que ofertaron.

«Sin lugar a dudas, el Aviso de Adjudicación de Subasta es arbitrario, caprichoso (y) contiene error de cómputo en el sistema de puntuación establecido. Resulta insostenible el argumento de la Oficina de Compras (de) que puede cambiar las puntuaciones originales y que puede a su antojo gestionar con el postor más alto que cambie su oferta, por lo que se debe evitar en el presente caso el despilfarro de fondos públicos», dijo Require en su comparecencia ante Apelaciones.

El secretario designado de Educación, Eliezer Ramos Parés, se desentendió del proceso. «No hemos intervenido… no comparto ninguna de las posiciones en este momento», señaló al plantear que la agencia espera por el resultado de la impugnación judicial y que han conceptualizado una plataforma digital de enseñanza y apoyo a los maestros desde «hace un buen tiempo».

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