La solución que se aplicó a los maestros, dar un aumento mayor al contenido en el Plan Fiscal por la disponibilidad de fondos federales, no necesariamente se puede usar para otros empleados públicos.

Si continúa intensificándose la ola de reclamos de justicia salarial en el sector público, la Administración Pierluisi tendrá que hacer un ejercicio de identificar recortes, o nuevos fondos propios, y pedir cambios al Plan Fiscal porque el uso de fondos federales para complementar el aumento, como hicieron con los maestros, no está disponible en otros tipos de empleados.

Cuando el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció el uso de fondos de ayuda de urgencia para las escuelas primarias y secundarias bajo el Plan de Rescate Estadounidense (ARP ESSER en inglés), el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), David Skeel, dijo que el ente no se metía con la decisión porque se trataba de una asignación especial de fondos federales y no de fondos propios del gobierno.

Pero una vez el gobierno apruebe un aumento a empleados públicos, el mismo se convierte en un derecho del empleado que no se le puede quitar y por eso el gobierno tiene que buscar qué fondos recurrentes puede usar para cumplir con el aumento a los maestros después de septiembre de 2024, cuando los fondos federales se extingan. Tiene que hacer el ejercicio para todos los aumentos que conceda por encima de los que reconoce el Plan Fiscal.

El secretario designado del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, confirmó a NotiCel que había fondos federales suficientes para que el aumento fuera mayor, pero la realidad de que el aumento «se convierte en (derecho) propietario» lo llevó a establecerle al Gobernador que en este momento no podía ser más de los $1,000, a pesar de que eso solo significa $450 millones de los $2,900 millones en fondos ARP ESSER concedidos a Puerto Rico por el gobierno federal.

La JSF autorizó aumento de $235 mensuales para los maestros el 1 de julio de 2022 y otros $235 en enero de 2023, si se cumplen parámetros en dos renglones: el registro electrónico de asistencia de los maestros y que, a su vez, los maestros registren electrónicamente la asistencia de estudiantes. La diferencia de eso hasta llegar a $1,000 mensuales, equivalente a los $450 millones, es lo que el gobierno va a suplir desde julio con los fondos federales.

«Creo que era justo y creo que es viable el absorber estos aumentos en el camino», comentó Ramos Parés al mencionar la sistematización de procesos, mayores controles en preintervención de pagos, en facturación y en gastos de luz y agua y también el «descenso poblacional marcado», como elementos que ayudarían a garantizar la permanencia del aumento.

Incluso, el Secretario se mostró confiado en que podría resultar un aumento mayor a $1,000 con las medidas de ahorro. Los representantes del magisterio entienden que alcanzar «justicia salarial» implica un salario básico de $4,000 comparado con el promedio actual de $2,300.

Ramos Parés dijo que tiene «reparos con las observaciones de la Junta» que evitaron que se incluyera en el Plan Fiscal el aumento de $1,000. También, que el uso de los fondos federales era flexible, pero todavía necesitaban autorización específica para aplicarlos al aumento porque «no tenemos tanta amplitud ni libertad».

«Para mí los maestros sí están ponchando así que yo no veo un reto mayor», dijo sobre la condición que puso la Junta, aunque reconoció que los relojes ponchadores de la empresa Kronos que la agencia usa de 2007 ya no permiten ni actualizaciones ni arreglos, por lo que miran la posibilidad de hacer una subasta para un sistema nuevo de registro electrónico de asistencia.

En cuanto a registrar la asistencia de estudiantes, admitió que se va a requerir «un cambio de cultura» porque los maestros entran la asistencia a la primera clase del día, pero no a las clases subsiguientes, cuando se supone que se ingrese la asistencia a cada una de las clases. Anotó que el sistema electrónico de asistencia, que también abarca matrícula, notas, y otros elementos del cuerpo estudiantil, «es obsoleto».

La empresa Uppercase, detalló, les vendió una licencia vitalicia hace unos 15 años, pero no le ha hecho actualizaciones al sistema, por lo que tienen una subasta en etapa de evaluación de propuestas para cambiarlo.

Otros aumentos en el Plan Fiscal

Igual que el aumento a los maestros, el Plan Fiscal permite mejorar el salarios a otros empleados, pero enmarcado en el plan de la JSF de reformar el servicio público mediante condiciones como la profesionalización de las posiciones, cambiar el reclutamiento y que se registre la asistencia electrónicamente.

El Plan provee $99.6 millones para implantar remuneración uniforme que lleve los salarios públicos a «tarifas localmente competitivas» para el 25% de los empleados públicos, un grupo que no incluye a maestros, oficiales correccionales, bomberos y personal de la Rama Judicial. Hay otros $33 millones en reclutamientos nuevos para áreas como finanzas, contabilidad, compras, recursos humanos y tecnología.

Los aumentos desglosados en el Plan Fiscal incluyen:

-$1,500 para bomberos

-$3,650 para oficiales correccionales (que representan un promedio de 15% dividido en 10% en julio de 2022 y 5% al completar la implantación de registro electrónico de asistencia)

-7% para el personal de la Rama Judicial (sin incluir jueces), o lo mismo que un promedio de $200 al mes

-20% para residentes médicos de la Universidad de Puerto Rico

-un aumento a enfermeras que no está especificado, sino que la Junta «apoyará» si el Gobierno identifica fuente recurrente de fondos locales o federales

-5% de aumento para empleados del Instituto de Estadísticas, la Oficina del Contralor, la Oficina del Contralor Electoral, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General, y la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente

-$2.3 millones para nuevas posiciones en el Instituto de Ciencias Forenses

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