La sanción es por una transacción que la licenciada Roxana I. Soto Aguilú autorizó en el 2007.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió por un año de la notaría a la llicenciada Roxana I. Soto Aguilú, conocida como la ‘abogada motorizada’.

«Decretamos la suspensión inmediata de la Lcda. Roxanna I. Soto Aguilú del ejercicio de la notaría por un término de un año. De igual forma, se le apercibe de su deber de observar de forma escrupulosa los principios deontológicos que se recogen en el Código de Ética Profesional. También le apercibimos que, de incurrir en otro acto que contravenga las normas antes señaladas, estará sujeta a sanciones disciplinarias mucho más severas. Le ordenamos notificar a todas las personas que han procurado de sus servicios notariales de su inhabilidad para atender los trabajos que tenía pendiente y devolverles tanto los expedientes como los honorarios notariales recibidos por trabajos no rendidos», concluye la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

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Esta suspensión es por una transacción que Soto Aguilú autorizó como notaria en el 2007.

«El proceso disciplinario de epígrafe surgió como consecuencia de una queja que presentó la Sra. Maribel Burgos Correa (señora Burgos Correa) el 13 de febrero de 2020 donde indicó que compareció como parte compradora, en conjunto con su esposo Héctor Germán Rodríguez y el matrimonio compuesto por Antonio Santiago Correa y Mildred Raquel Rivera Santiago, en una escritura de compraventa que la licenciada Soto Aguilú autorizó el 15 de marzo de 2007 (Escritura Núm. 1 de 2007). Sostuvo que en el 2009 le solicitó a la licenciada Soto Aguilú por vía de correo electrónico una copia de la Escritura Núm. 1 de 2007 con la intención de presentarla en el Registro de la Propiedad (en adelante “el Registro”) para la inscripción correspondiente. Alegó que reiteró dicha petición a la notaria mediante correos electrónicos y que ella no respondió», reza la sentencia.

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Esta no es la primera vez que Soto Aguilú es sancionada por el Tribunal Supremo. En el 2019, la abogada del exgobernador Ricardo Rosselló y su esposa Beatriz, fue censurada por incurrir en conflicto de intereses en la representación de un caso civil.

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