La dependencia que tramita fianza diferida en los casos criminales presentados ante los tribunales de Puerto Rico dice a juez federal que no tiene jurisdicción sobre acusado hasta que se entregue.

Aaron Wayne Vick, acusado hace casi dos meses por el esquema de compra de pruebas de covid-19 que marcó el inicio de la pandemia en la isla en abril de 2020, sigue sin entregarse a las autoridades y la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ) le dijo a un juez federal que no discutirá fianza con él hasta que se entregue.

La postura de la OSAJ se registró en la demanda federal que Vick presentó alegando que es víctima de discrimen por parte del Gobierno de Puerto Rico porque, ante cargos similares a los de su coacusado Juan Maldonado de Jesús, la oficina le prestó el servicio de fianza diferida a éste porque es residente de Puerto Rico, pero no se lo quiere prestar a él porque es residente de Virginia.

Ambos están acusados por la transacción en la que se pretendía que el gobierno pagara cerca de $40 millones por un cargamento de pruebas rápidas de detección de covid-19 que no existía ni se entregaría. La venta no ocurrió porque el banco Oriental detuvo la transferencia electrónica de un primer pago de $18 millones.

«[A] esta fecha, Vick no ha comparecido ante el tribunal estatal y reunido con miembros de la OSAJ. Por esta razón, OSAJ no tiene autoridad legal para intervenir en este caso, solo puede intervenir después de que el tribunal estatal ha obtenido jurisdicción sobre la persona. Las conferencias telefónicas entre los abogados de Vick y OSAJ no pueden reemplazar el proceso inicial que comienza con su comparecencia ante el tribunal estatal. Lo que es más, el rol de OSAJ no es el de un fiscal con el que un acusado pueda negociar su entrega», sostuvo la oficina a través del licenciado del Departamento de Justicia, Pablo Tufiño Soto.

El punto crucial, reiteró, es que la jurisdicción territorial de OSAJ es solo en Puerto Rico y su capacidad legal comienza después de que la persona estuviera arrestada. «OSAJ no puede someter una recomendación (sobre fianza) antes de que el tribunal tenga jurisdicción sobre el acusado», dijo Tufiño Soto a la vez que apuntó a que lo que está buscando Vick con su demanda federal es dilatar el proceso criminal estatal.

Vick, por su parte, ripostó con una demanda enmendada y una réplica a la OSAJ en las que resalta que está expuesto a ser extraditado en cualquier momento y que, contrario al argumento de Justicia, el poder de la oficina se activa desde que a la persona se le radican cargos, y no desde que comparece al tribunal. A Vick se le radicaron cuatro cargos graves en ausencia el 4 de noviembre pasado por parte de la Oficina del Panel del Fiscal Independiente y el tribunal impuso fianza de $200,000.

Debido a esa decisión de un tribunal de imponerle fianza en ausencia, Vick «está indudablemente bajo la jurisdicción de OSAJ, que podría comenzar el proceso de entrevista mediante videoconferencia, como fue sugerido por sus abogados el 16 de noviembre (pasado)», indicaron en los documentos sus abogados, Guillermo Ramos Luiña y Leonardo Aldridge. Anotaron que OSAJ ha adelantado que no le darína fianza diferida a Vick por residir fuera de la isla.

Añadieron que el Gobierno de Puerto Rico está asumiendo en este caso una postura contradictoria a la política pública que adelantaron en el Tribunal Supremo federal al comparecer en el caso de US v. Vaello Madero, sobre la extensión de un beneficio federal a los residentes de la isla, porque allí abogaron porque los derechos aplicaran a los ciudadanos sin importar de en qué estado o territorio viven.

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