Unas 591 organizaciones semipúblicas, públicas y privadas serán impactadas.

La Cámara de Representantes dio paso esta tarde al informe de conferencia de la Resolución Conjunta del Senado 138, que otorga $20 millones procedentes de Asignaciones Especiales del Fondo General 2021-2022 para proveer asignaciones a entidades sin fines de lucro.

Según se informó en un comunicado de prensa, las 591 organizaciones semipúblicas, públicas y privadas que serán impactadas por la Resolución, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 113-1996 y la Ley 20-2015 de la Comisión de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario.

De acuerdo con el informe, algunas de las organizaciones que recibirán los fondos son: Casa Protegida a Julia de Burgos, INC con la cantidad de $190,000; Alianza para la Paz Social con $23,264; Alianza para un Puerto Rico Sin Drogas con $21,001 y la Asociación para la Superación del Niño con Síndrome de Down con $79,000.

Los beneficios que podrán ser pareados con fondos estatales, federales, municipales y privados deberán ser desembolsados por el Departamento de Hacienda en o antes del 30 de septiembre de 2021 y tendrán vigencia inmediatamente después de su aprobación hasta el 30 de junio de 2022.

Respecto a estas asignaciones, el representante popular Jesús Santa Rodríguez confirmó que continuará con las visitas y auditorías a las entidades beneficiadas de los fondos legislativos, de las cuales ya han podido examinar al 80% de las organizaciones.

Por su parte, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) se abstuvo de emitir votos sobre la legislación. El Proyecto Dignidad y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) votaron en contra de la Resolución.

De otra parte, la Cámara avaló el Proyecto de la Cámara 474 de la representante Mariana Nogales Molinelli y José Bernardo Márquez Reyes para otorgar legitimación a cualquier persona que quiera hacer un reclamo para hacer valer la política pública ambiental en tribunales o foros administrativos. Con la aprobación de esta medida, la Asamblea Legislativa le estaría otorgando a todos los ciudadanos legitimación activa para asuntos que afecten directamente los recursos naturales en Puerto Rico.

‘’Esta ley le daría un poco más de justicia para que las personas tengan que sobrepasar un obstáculo menos de los ya tradicionales cuando se presenta un caso en un tribunal. Nuestra intención clara con esta legislación es dejar sin efecto la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Fund. Surfrider v. A.R.Pe., supra, con el fin de reconocer una causa de acción a cualquier persona o grupo que tenga la intención de poner en vigor la política pública’’, indicó Nogales Molinelli.