Juez decide que gobierno federal no violentó la Constitución al incautar y registrar miles de correos de la Exsecretaria de Educación.

El juez Francisco A. Besosa decidió que permanecerán en evidencia los correos electrónicos de la exsecretaria de Educación, Julia B. Keleher, con los cuales la fiscalía federal fundamento el caso que le sometieron en 2020 por supuesto intercambio de un apartamento a cambio de una acción oficial de su parte.

Keleher había solicitado que los correos fueran descartados como evidencia en junio y, de haber tenido éxito, esa acusación de 2020 pudo haber quedado en posición de ser desestimada. En su decisión el jueves pasado, el juez consigna que la controversia ha generado opiniones diversas en otros tribunales bajo la jurisdicción federal.

La base de la impugnación es que los agentes habían obtenido los correos electrónicos como parte de su investigación para la primera acusación que le presentaron a Keleher, un caso separado en 2019, y que no podían usarlos porque la búsqueda se basaba en otro conjunto de hechos relativo a otras personas. O lo mismo que los encontraron por casualidad, sin tener una orden para las personas y temas de la segunda acusación, por lo que no podían usarlos.

Esa primera investigación comenzó con indagaciones de contratos otorgados en Educación a las empresas Colón & Ponce, Inc. y Jospeh and Edna Josephson Institute of Ethics. La primera acusación incluyó a Colón & Ponce y a BDO, pero no al instituto ético. Luego, la acusación fue enmendada para, en cuanto a Keleher, remover las alegaciones que tenían que ver con BDO. La segunda acusación, en la que se buscaba la supresión de los correos, tiene que ver con el trámite de un apartamento en Ciudadela.

Para esta, el juez resolvió el jueves que, aunque es verdad que la orden de registro que el gobierno federal obtuvo para el primer esquema no podía aplicar automáticamente para un segundo esquema distinto, en este caso se aplica una excepción porque la orden de registro no decía específicamente qué palabras o nombres los agentes buscaban en los correos sino que les permitía ver todos los correos de dos cuentas de Gmail de la exfuncionaria para verificar si alguno caía en la primera investigación. En esa búsqueda, se toparon con correos “cuya naturaleza incriminatoria eran suficientemente aparentes de manera inmediata” como para ser referidos para investigación, dijo el juez.

Besosa revisó los correos que se tienen como evidencia y puso como ejemplo en su orden que los que tienen naturaleza incriminatoria que saltan a la vista incluyen uno de Keleher confirmando que obtendría un bono de $12,000 de parte del desarrollador de Ciudadela si optaba por comprar el apartamento que estaba alquilando, uno en el que el coacusado Ariel Gutiérrez le ofrece ayuda para obtener un préstamo hipotecario y otros en los que la funcionaria autorizaba la cesión de un tracto de terreno público al desarrollador de su apartamento.

Según la fiscalía federal, la orden de registro emitida a Google tenía la intención de localizar mensajes relacionados a siete otras entidades y personas, que no nombraron en sus mociones, así como “otros individuos/corporaciones”. El resultado fue la entrega de 104,230 correos bajo una cuenta y 7,391 en otra. De la primera, solo se removieron cuatro como que caían fuera del ámbito de la búsqueda y de la segunda sacaron once correos y 67 anejos. Los correos fueron procesados en la División de Crímenes Tecnológicos del Departamento de Educación federal y remitidos a la fiscalía, filtrando también los relacionados a dos abogados del Departamento de Educación de Puerto Rico con los que tendría comunicación normal como Secretaria.

Este caso con las alegaciones sobre el apartamento no tiene fecha de juicio todavía porque Besosa esperaba por resolver las mociones pendientes.