Luego de tres años bajo el DSP, la entidad sale del negociado sombrilla.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la medida que separa al Negociado de Ciencias Forenses (NCF) del Departamento de Seguridad Pública (DSP), lo que la revierte a una agencia independiente.

El NCF cayó dentro de la sombrilla de los siete negociados del DSP en el 2017 con la creación de la Ley 20, un proyecto emblemático de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, quien renunció a su cargo en julio de 2019.

No obstante, la unión se objetó desde su creación porque entorpecía los procedimientos. Este reclamo fue elevado de forma reciente por la actual comisionada del NCF, María Conte Miller, quien exclamó que renunciaría a su cargo si no se concretaba el cambio.

“Haría los procesos más ágiles, obviamente son más sencillos y no tienen que pasar por tantos pasos. La cadena de aprobación se hace más corta y entiendo que es de ayuda mutua tanto al Departamento de Seguridad Pública, porque nuestra agencia es más compleja, [y nosotros]. Se hace más simple“, explicó Conte Miller a NotiCel en la mañana.

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Conte Miller recalcó que la unión provocó que más de 40 empleados del NCF fueran absorbidos a nivel administrativo por el DSP. Con la firma para independizarlo, explicó que habrá un proceso de transición de tres meses para que esos trabajadores regresen a sus puestos originales.

“Tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a retornar el personal que absorbió el Departamento de Seguridad Pública y vuelvan a nosotros. Eso hay que planificarlo y que se dé en estos tres meses. También, tratar permisología para contratar y pago de ciertas facturas que sea flexible desde el punto de vista que este en más control el negociado. Eso sería mi propuesta”, declaró Conte Miller.

La ley, tal como fue firmada, establece que la separación debe concretarse en 90 días a partir de hoy. Ese plazo supone cumplirse en diciembre, en plena transición entre gobiernos luego de las elecciones y un mes antes de la juramentación del nuevo incumbente.

El estatuto también señala que la agencia sería regida por una Junta de Directores, liderada por quien ocupe la Secretaría del Departamento de Justicia. Ese grupo de trabajo incluirá a los secretarios del DSP y Salud, así como al rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y tres miembros adicionales.

La Gobernadora fue increpada porque el actual secretario del DSP, Pedro Janer Román, supondría formar parte de esa junta, pese a que empleados del NCF han subrayado que el funcionario ha entorpecido los procesos.

Vázquez Garced fue esquiva al preguntársele si Janer Román contaba con su confianza, pero reiteró que respecto al NCF, el funcionario estaba claro en su función.

«No creo que debe haber algún inconveniente con eso y el Secretario Janer entiende que va a ser un colaborador en la Junta», aseguró Vázquez Garced.

La Gobernadora expuso que la ley que creó el DSP buscaba «proteger» la Isla, pero reconoció que en el caso de Ciencias Forenses, fueron más «los tropiezos que los beneficios».

Destacó que cuando la ley fue propuesta, ella recomendó su aprobación como Secretaria de Justicia, pero tenía reservas. No obstante, continuó hacia adelante porque era la política pública de ese momento. «Hoy, que está en mis manos», argumentó, firmó la separación.

«Reconocemos que la Ley del Departamento de Seguridad Pública firmada en 2017 buscaba transformar las actividades gubernamentales de seguridad en un solo departamento con la misión principal de preparar, prevenir, defender y proteger la Isla. Sin embargo, el Instituto de Ciencias Forenses, han sido más los tropiezos que los beneficios que ha obtenido dentro de la estructura del DSP. Ciencias Forenses necesita ser una entidad autónoma para poder realizar su trabajo investigativo y científico a cabalidad», expresó Vázquez Garced.

Durante este cuatrienio, el NCF registró una acumulación de cadáveres a la espera de autopsias a niveles críticos. La intervención de la Cámara de Representantes y el Tribunal de Primera Instancia de San Juan impulsó la salida de una de las tres comisionadas que la agencia ha tenido en estos cuatro años.

Con la llegada de Conte Miller, se rediseñaron los procesos en el Negociado y se redujo el tiempo de espera de entregar los cadáveres a los familiares de tres semanas a dos días, hasta normalizar la situación.