El Centro para la Nueva Economía dice que la mejor manera es expandir del programa Sección 8.

La expansión del programa de vales para la elección de vivienda, comúnmente conocido como Sección 8, pudiera ser una alternativa para dar asistencia a aquellos que no tienen dinero para pagar la renta sin afectar a los arrendadores que dependen de los alquileres para subsistir.

Así concluyó el Centro para la Nueva Economía (CNE) en un estudio que reveló que Puerto Rico necesitaría, por un año, unos $455 millones adicionales para mitigar los efectos que la pandemia tiene sobre la capacidad de pagar el alquiler entre los inquilinos de bajos ingresos.

Los investigadores del CNE, Raúl Santiago-Bartolomei y Deepak Lamba-Nieves, utilizaron la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico (PRCS, por sus siglas en inglés) para el 2018 y los límites de ingreso para hogares elegibles establecidos por el Departamento de Vivienda Federal (HUD) para cada municipio para concluir la cifra.

De acuerdo al estudio, otros datos del Departamento de Vivienda Federal sobre viviendas subsidiadas sirvieron para determinar que, en el 2019, la agencia invirtió, en promedio, $514 mensuales por hogar en el programa de Sección 8.

«Al multiplicar esta cifra por el total de hogares de bajos ingresos que no reciben subsidios de HUD, identificamos que la brecha mensual de asistencia para inquilinos asciende a $37.9 millones o unos $455 millones por un año», destacaron los investigadores.

El Gobierno de Puerto Rico recibirá $2,200 millones de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley CARES), para financiar los gastos no presupuestados relacionados con la pandemia.

La Junta de Supervisión Fiscal ya ha delineado recomendaciones de cómo utilizar estos fondos que incluye ayudar a los desempleados por la pandemia.