Ninguna tendría relaciones con el gobierno ya.

Los Departamentos de Rehabilitación y Corrección (DCR) y de la Familia (DF) dieron cuenta hoy de sus relaciones con las hijas de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, Stephanie y Beatriz Díaz Vázquez, en declaraciones casi simultáneas, tras más de una semana de discusión pública sobre las relaciones laborales de estas con el gobierno.

La licenciada Stephanie Díaz Vázquez termina hoy su contrato con el DCR y el programa federal ‘Sexual Offender Management Population’, anunció esa agencia.

El que culmina hoy es uno de varios contratos que suscribió Díaz Vázquez con la agencia, por los cuales ha devengado más de $100,000.

En declaraciones escritas, Corrección indicó que el salario de Díaz Vázquez tenía un tope de hasta $4,800 mensual, ‘que provino de los fondos federales asignados para el programa, que requiere del esfuerzo conjunto de varias agencias gubernamentales de seguridad’.

‘Al inicio de las labores de la Lcda. Díaz Vázquez, el registro de ofensores sexuales, solo contenía 130 registrados, un equivalente al 30% de la totalidad de los ofensores existentes en el sistema. A la culminación de sus funciones, el proyecto alcanzó un registro total de 553 ofensores, lo que equivale al 100% de esta población’, reza la comunicación del DCR sobre los logros de la abogada.

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‘Entre sus múltiples funciones, la Lcda. Díaz Vázquez, se encargó de actualizar y digitalizar parte de la lista de ofensores sexuales de Puerto Rico. Desarrolló por primera vez estadísticas sobre los ofensores sexuales dentro de la población correccional, por región, edades, lugar de los hechos, entre otros, debido a que su inicio en el proyecto, que no existían. Además, actualizó los récords existentes, que hasta ese momento omitían un 50% del total real de ofensores sexuales existentes en Puerto Rico. Estableció guías, de acuerdo a los parámetros de la ley, para asegurar el cumplimiento del programa, adiestró a los empleados y orientó a los enlaces de las agencias sobre las leyes aplicables a los ofensores sexuales’, agrega.

Díaz Vázquez, junto a su hermana Beatriz, son producto del matrimonio de la Gobernadora con el juez superior Jorge Díaz Reverón, quien ejerce sus labores en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas.

La licenciada es graduada de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Previo a eso, su perfil en LinkedIn señala que se graduó de la Universidad de Puerto Rico con un bachillerato en Psicología y Química. En el 2016, realizó un internado en el Departamento de Estado por cinco meses y luego otro internado en el DCR, también por cinco meses.

Aunque Díaz Vázquez juramentó como abogada en agosto de 2018, el primer acuerdo con la agencia fue firmado el 17 de noviembre de 2017 por $57,600 con vigencia hasta junio de 2018. Luego, fue enmendado el 24 de octubre por $64,583 para extender su vigencia hasta el 30 de enero de 2019.

Para ese entonces, Vázquez Garced se desempañaba como secretaria del Departamento de Justicia, puesto que ocupó en la administración de Ricardo Rosselló Nevares desde el 2 de enero de 2017.

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Díaz Vázquez ‘también realizó la evaluación (assesment) de riesgo para la instalación efectiva y asegurar la protección de equipos electrónicos necesarios para ejecutar el programa, en cumplimiento con la asignación federal. Una auditoría externa realizada el pasado 30 de septiembre reflejó el cumplimiento con las disposiciones del programa federal’.

Previo a ese acuerdo que termina hoy, la licenciada firmó un pacto con el DCR para las mismas labores, con vigencia desde el 28 de enero al 31 de agosto del año en curso y por $33,600. La diferencia más notable entre uno y otro yace en que para el primer acuerdo, la licenciada devengaba $40 la hora, mientras que para el segundo, se incrementó el costo a $50 por hora.

Por su parte, el DF dijo que la relacionista pública profesional, Stephanie Díaz Vázquez, no era empleda de la agencia sino que prestaba servicios a la empresa de relaciones públicas que la agencia tiene contratada, Strategic Communications Management, Corp. La representante de la empresa es Frances Rodríguez Torres, quien fue secretaria de Prensa para el exgobernador Pedro Rosselló González.

‘Desde hace varios meses, la Sra. Beatriz Díaz cesó de rendir servicios a esta compañía y no tiene ninguna relación con el Departamento de la Familia directa o indirectamente’, indica la declaración del DF que no está atribuida a ningún funcionario en específico ni a la secretaria Glorimar Andújar Matos.

Rodríguez Torres dijo a NotiCel que desde la juramentación de Vázquez Garced el 7 de agosto pasado, dejó de asignar trabajo de agencias de gobierno a Díaz Vázquez y que, ‘comenzando en septiembre, dejó de hacer trabajos’, para su compañía. Añadió que, ‘siempre ha hecho un buen trabajo, si surge algo de clientes privados, con mucho gusto (la colocaría de nuevo a colaborar en su empresa)’.

En este cuatrienio, Strategic ha tenido contratos con valor de casi $2 millones en el DF, la Junta de Planificación, el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico, la Administración para el Sustento de Menores, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la Junta Reglamentadora del Servicio Público y el Senado.

Beatriz también ha rendido servicios para otras agencias gubernamentales, como el Negociado Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

Además, Beatriz fue el eje del caso que llevó a Vázquez Garced a las puertas de una acusación criminal por abuso de sus poderes como secretaria de Justicia ya que intervino directamente en el procesamiento de los individuos acusados de escalar una residencia mientras Beatriz y su novio pernoctaban allí. Parte de los cargos en el caso era por robar propiedad del gobierno ya que se apropiaron de celulares y una computadora propiedad de agencias de gobierno. Una de las cosas que resultó de la intervención de Vázquez Garced es que nunca desfiló prueba sobre por qué esos equipos estaban en posesión de personas que, a la sazón, no eran funcionarios públicos. El caso contra Vázquez Garced terminó en diciembre pasado cuando una jueza de Primera Instancia no encontró causa para arresto.