Esperar los resultados de una investigación no necesariamente representa debilidad; muchas veces constituye una obligación legal y ética. Lamentablemente, la presión mediática suele convertir esa prudencia en motivo de crítica.

En la mañana de hoy escuché varios programas radiales y televisivos en los que un nutrido grupo de analistas políticos discutía la conferencia de prensa celebrada el día anterior para anunciar la renuncia del secretario de la Gobernación y de la subsecretaria. Como suele ocurrir, abundaban las conclusiones, las críticas y, sobre todo, las afirmaciones categóricas sobre lo que «debió haberse hecho».

Mientras escuchaba esos comentarios, no pude evitar reflexionar sobre una realidad que pocas veces se comprende desde fuera del servicio público: el verdadero arte de gobernar.

En una democracia, la crítica es indispensable. Los medios de comunicación, los analistas, la academia y la ciudadanía cumplen un papel esencial al fiscalizar la gestión pública. Sin esa vigilancia, los gobiernos correrían el riesgo de actuar sin transparencia ni rendición de cuentas. Sin embargo, existe una diferencia importante entre fiscalizar y gobernar. La primera consiste en evaluar decisiones; la segunda, en tener la responsabilidad de tomarlas y asumir todas sus consecuencias.

Gobernar significa decidir en un escenario donde rara vez existen soluciones perfectas. Cada decisión afecta intereses distintos y, muchas veces, contrapuestos. Un gobernante debe escuchar a la ciudadanía, atender las preocupaciones del sector privado, dialogar con las organizaciones sindicales, responder a las comunidades, mantener comunicación con el gobierno federal y, al mismo tiempo, cumplir con una extensa estructura legal y administrativa. Todo ello mientras enfrenta la presión permanente de la opinión pública y del análisis político.

No se gobierna en el vacío. Se gobierna dentro de un complejo sistema institucional diseñado precisamente para limitar el poder y garantizar la transparencia. El Poder Ejecutivo convive diariamente con la supervisión de la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, los tribunales, las agencias federales cuando corresponde y múltiples organismos de auditoría y fiscalización. Cada uno tiene funciones legítimas y necesarias dentro del sistema democrático.

 A esa realidad se suma la interacción constante con la Rama Legislativa. Su función constitucional es legislar y fiscalizar, pero no son pocas las ocasiones en que algunos legisladores intentan intervenir directamente en asuntos administrativos que corresponden exclusivamente al Ejecutivo. Esa dinámica genera tensiones inevitables y exige un delicado equilibrio entre la colaboración institucional y el respeto a la separación de poderes.

Quienes hemos dedicado gran parte de nuestra vida al servicio público conocemos muy bien esa realidad. Después de cuarenta años trabajando para el gobierno, muchos de ellos ocupando posiciones de dirección y administración de agencias, aprendí que la gobernanza no se parece en nada a la imagen simplificada que muchas veces se presenta en los medios de comunicación.

Desde un estudio de radio o un panel de televisión resulta relativamente sencillo afirmar que una decisión fue equivocada, que un funcionario debió actuar de otra manera o que la solución era evidente. Sin embargo, quienes ocupan posiciones de liderazgo rara vez cuentan con el beneficio de analizar los acontecimientos una vez ocurridos. Sus decisiones deben tomarse con información incompleta, bajo presión de tiempo, considerando aspectos legales, administrativos, fiscales, políticos y humanos que muchas veces permanecen fuera del conocimiento público.

Esa diferencia entre comentar y decidir es fundamental.

Vivimos además en una época donde la inmediatez domina el debate público. Las redes sociales exigen respuestas instantáneas, los medios reclaman declaraciones inmediatas y los analistas producen interpretaciones prácticamente en tiempo real. Sin embargo, la administración pública no siempre puede responder con esa velocidad. Existen procesos, investigaciones, consultas legales y procedimientos administrativos que requieren tiempo para proteger tanto el interés público como los derechos de las personas involucradas.

En ocasiones, guardar silencio temporalmente no significa falta de liderazgo; significa actuar con prudencia. Esperar los resultados de una investigación no necesariamente representa debilidad; muchas veces constituye una obligación legal y ética.

Lamentablemente, la presión mediática suele convertir esa prudencia en motivo de crítica. Se exige una respuesta inmediata y, cuando esta llega, también se critica su contenido. Es un escenario donde, independientemente de la decisión adoptada, siempre habrá sectores insatisfechos.

Eso forma parte del ejercicio democrático.

Lo preocupante surge cuando el debate público transmite la impresión de que gobernar consiste simplemente en hacer aquello que resulta más popular en determinado momento. Esa visión desconoce la esencia misma del liderazgo gubernamental. Existen decisiones que deben tomarse porque son correctas desde el punto de vista legal, administrativo o ético, aunque generen críticas temporales.

La historia demuestra que muchas de las decisiones más importantes de un gobierno fueron impopulares en el momento de adoptarse y solo años después fueron reconocidas como necesarias.

Por supuesto, ningún gobierno está exento de errores. Los funcionarios públicos somos seres humanos y, como tales, podemos equivocarnos. La crítica responsable ayuda a corregir esos errores y fortalece las instituciones. Pero existe una diferencia entre una crítica fundamentada y la pretensión de dirigir la administración pública desde un micrófono o una mesa de análisis.

Los analistas desempeñan una función importante dentro de la democracia. Contribuyen al debate, presentan perspectivas diversas y ayudan a formar la opinión pública. Sin embargo, su rol no sustituye la responsabilidad constitucional de quienes fueron elegidos o designados para administrar el Estado. Analizar no es gobernar. Opinar no es administrar. Criticar no equivale a responder por las consecuencias de una decisión.

Quizás por eso conviene recordar que la gobernanza no se mide únicamente por la capacidad de comunicar, sino por la capacidad de decidir correctamente aun cuando esas decisiones sean difíciles. Gobernar exige experiencia, preparación, serenidad y un profundo respeto por las instituciones democráticas.

La próxima vez que escuchemos a alguien asegurar con absoluta certeza lo que un gobierno «debió haber hecho», sería prudente preguntarnos si conoce toda la información disponible, si comprende las limitaciones legales existentes y, sobre todo, si alguna vez ha tenido la responsabilidad de administrar una institución pública bajo el escrutinio permanente de la ciudadanía.

Porque gobernar no consiste en decir lo que otros quieren escuchar. Gobernar consiste en tomar decisiones, asumir sus consecuencias y responder ante el pueblo y la ley. Ese ha sido siempre el verdadero dilema de gobernar.