Mandamus busca transparencia sobre incentivos.

Un escollo jurisdiccional atrasó la resolución de una demanda radicada por la organización Espacios Abiertos (EA) y la cual busca emplazar al estado a revelar los creditos contributivos otorgados al amparo de distintas leyes de exención.

Durante una vista ante la jueza Lauracelis Roques, la representación legal del gobierno, Claudia Juan García, argumentó que la demanda suponía ser dirigida al gobierno. La demanda de EA fue dirigida tanto al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a la secretaria del Departamento de Hacienda (DH), Teresita Fuentes, en sus capacidades de funcionarios del estado.

A pesar que la defensa de EA, encabezada por la abogada Judith Berkan, argumentó que el debido proceso mandata que son los funcionarios en sus capacidades oficiales quienes deberían responder una solicitud de mandamus y no el propio gobierno, accedió a la recomendación de la jueza para enmendar su demanda e incluir al gobierno como demandado. La jueza concedió a Berkan hasta el próximo martes para presentar la demanda enmendada, emitir los debidos emplazamientos y responder a la solicitud de desestimación radicada por el gobierno ayer.

Durante la vista predominó un tono de cordialidad de ambas partes con la jueza Roques, quien a pesar de indicar que desconocía si los documentos requeridos en efecto contenían información sensitiva, se mostró dispuesta a limitar esos detalles. No obstante, la jueza sí señaló que suele conceder estos reclamos, indicando que lo ha hecho en el pasado.

Sostuvo además que, aunque anticipa una apelación por parte del gobierno, no ve controversia alguna por entender que toda información generada por el gobierno se considera pública.

EA presentó esta demanda tras meses de gestiones para solicitar al DH la divulgación de estos creditos, gestiones que realizaron desde abril de este año cuando Raúl Maldonado -hoy secretario de la Gobernación- ocupaba ese cargo. El recurso de mandamus persigue la divulgación de los costos incurridos por el estado por concepto de concesiones y excenciones contributivas.

Cabe destacar que esa misma solicitud fue hecha por la propia Junta de Control Fiscal (JCF) a principios de este mes, cuando alertó al gobierno que el desembolso de exenciones superó los $500 millones desde mayo de este año hasta septiembre.

Similar al pedido de EA, la Junta requirió divulgar el detalle de los decretos otorgados, sin embargo, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino, ripostó que esa información contiene detalles sensitivos que podrían atentar contra los derechos de confidencialidad de los contribuyentes.

El detalle sobre las identidades de los contribuyentes que reciben estos beneficios no es lo que persigue la demanda de EA, indicó la directora ejecutiva, Cecille Blondet. Más bien, lo que buscan son las cuantías que componen el presupuesto del Estado, es decir la porción que va dirigida a otorgar beneficios.

Blondet señaló que ante las medidas de austeridad impulsadas por la JCF y ejecutadas por la presente Administración, afectan el presupuesto operacional que nutre la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía.

‘Es increíble que nosotros hoy día estamos tomando medidas de austeridad, haciendo unos recortes utilizando solamente como base el presupuesto que conocemos y ese presupuesto que no conocemos no se está afectando de esas medidas de austeridad’, señaló Blondet al salir del tribunal.

Durante la vista, la abogada Berkan argumentó de forma adelantada que el objetivo del recurso legal es revelar las cifras de creditos otorgados y afirmó que cualquier escollo relacionado a la identidad o seguro social de los contribuyentes beneficiados no sería divulgado. No obstante, indicó que es práctica común de otros estados divulgar los creditos contributivos otorgados y bajo que concepto.

No obstante, Blondet sostuvo que la divulgación de estos creditos no constituiría la revelación del monto total de ese presupuesto fiscal, más bien una porción del mismo.