Pedro Rosselló radicó una querella hace 12 años.

La representación estadounidense en la vista que se celebra en estos momentos, sobre la querella por violación de derechos humanos que sometió el exgobernador Pedro Rosselló hace 12 años por el estatus político de la isla, recalcó que Puerto Rico no obtendrá el voto presidencial por no ser un estado federado.

Pese a que la intervención de Rosselló González estuvo cobijada bajo argumentos que alegaban el derecho de los boricuas a votar por el presidente y la posibilidad de tener representación directa en el Congreso de los Estados Unidos mediante representantes, su alocución no pareció convencer.

Por el contrario, se ha recalcado durante la vista que si un ciudadano americano residente en Puerto Rico desea votar por el presidente de Estados Unidos, está en completo derecho de mudarse a algún estado federado para concretar su voto.

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‘Puerto Rico no es un estado… Los ciudadanos americanos en Puerto Rico gozan de todos los derechos pero no votan (por el presidente)’, se sostuvo en medio de la vista a la vez que se mencionó que para concretar el voto de todos los residentes en Puerto Rico, la única movida sería anexión, pero que esta requiere el debido proceso político establecido en la Constitución de los Estados Unidos, entre lo que se incluye la aprobación el Congreso.

Anterior a esta vista, el actual presidente, Donald Trump expuso en medio de una entrevista televisiva que Puerto Rico no debería estar pensando en anexarse a Estados Unidos por tener ‘políticos malos’.

La CIDH no tomará postura, por ahora

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó hoy que votar es un ‘derecho fundamental’, pero evitó posicionarse específicamente sobre si el Gobierno de EE.UU. debe permitir que los puertorriqueños elijan al presidente del país, vicepresidente y miembros del Congreso.

‘Creo que es un derecho fundamental de los ciudadanos votar en todas las elecciones políticas de sus países, hemos oído a las dos partes y espero que nos envíen más información para poder posicionarnos’, explicó la comisionada de la CIDH Margarette May, relatora para Estados Unidos.

Por su parte, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño dijo que la posesión de la ciudadanía de un país ‘está vinculada estrictamente al poder de ejercer derechos políticos’, y señaló que la CIDH valorará si en Puerto Rico se ejercen esas facultades ‘de manera plena’.

La Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), dará a conocer su opinión sobre los derechos políticos de los puertorriqueños en un comunicado conjunto que emitirá despues del fin de este 169 periodo de sesiones, que se celebra en Boulder (Colorado, EE.UU.).

En la sesión de hoy, el exgobernador de Puerto Rico Pedro Rosselló González (1993-2001) pidió a la CIDH que ‘claramente, inequívocamente y fuertemente’ declare que los puertorriqueños, como estadounidenses, tienen derecho a elegir al presidente, vicepresidente y los representantes del Congreso federal.

‘No somos extranjeros, no somos refugiados, ni somos expatriados, somos americanos en suelo americano, vivimos en una jurisdicción llamada Puerto Rico que ha pasado a ser considerada como un gueto de derechos humanos en nuestra nación’, afirmó Rosselló González, que declaró como testigo en la audiencia.

Su objetivo, afirmó, no es que la CIDH ‘arregle el estado colonial’ de Puerto Rico, sino que evalúe si el Ejecutivo federal viola la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que constituye un marco legal para la protección de los derechos humanos en este hemisferio.

Los 3.2 millones de habitantes de Puerto Rico, Estado libre asociado de EE.UU., tienen la ciudadanía estadounidense, pero no pueden elegir a los representantes federales y solo tienen en el Congreso un comisionado residente, que dispone de derecho a voz pero no a voto.

Rosselló González consideró que la falta de derechos políticos desemboca en un ‘trato desigual’ para los puertorriqueños que acceden en menor medida a programas federales de ayuda, aunque ‘luchan en guerras’ de EE.UU. y pagan gran parte de los impuestos federales.

Esa ‘discriminación’, aseguró el exgobernador, se puso de manifiesto con el trato a los puertorriqueños cuando el huracán María golpeó la isla en septiembre de 2017, dejando 2,975 muertos, destruyendo la red electrica y causando una crisis humanitaria que agravó la ya existente crisis económica.

‘Con el huracán del año pasado, todo el mundo vio cómo los ciudadanos de Puerto Rico fueron discriminados, vio cómo casi 3,000 compatriotas ciudadanos murieron a pesar de que el presidente (Donald Trump) niega esa cifra de víctimas’, recordó.

En septiembre, el mandatario estadounidense disputó que casi 3,000 personas murieran como consecuencia del huracán y acusó sin pruebas a los demócratas de manipular los datos con fines políticos.

Preguntado por la CIDH sobre si la ‘discriminación’ obedece a motivos raciales, Rosselló González se limitó a decir que podría haber ‘sospechas’ porque los boricuas son hispanos y hablan español.

En respuesta, el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, expresó ‘fuerte discrepancia’ con esos comentarios y destacó que la audiencia no debía abordar temas raciales ni ‘evaluar la respuesta al huracán María’, ya que eso va ‘mucho más allá’ de las capacidades de la CIDH.

Lo que se discutió hoy, en opinión de Trujillo, es un ‘asunto interno’ que debe resolver EE.UU. y, por eso, acusó a las autoridades puertorriqueñas de haber tratado de usar a la Comisión para ‘convertir un tema domestico en un asunto de derechos humanos’ y tratar de abogar por un cambio del estatus político de la isla.

‘La comisión no debería ser usada de esta forma, pedimos a la CIDH que desestime esto y considere que no tiene merito’, solicitó.

A la audiencia acudió la plana mayor de la política puertorriqueña: el hijo del exgobernador, el actual gobernador Ricardo Rosselló; el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Mendez, y el secretario de Estado, Luis Rivera Martín.