Lejos de fomentar la economía local

De cara a los miles de millones en fondos federales para la recuperación del huracán María que han llegado y continuarán llegando en los próximos años, la sana administración de este dinero marcará la diferencia entre una reconstrucción que fomente el progreso social o una que solo atienda ciertas necesidades a corto plazo y a tiempo para los próximos comicios electorales en Puerto Rico.

Los fondos asignados provienen en su mayoría del Departamento de Vivienda Federal (HUD por sus siglas en ingles) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en ingles), que entre ambas han anunciado la asignación de $37,400 millones para asistencia relacionada al huracán María. A nivel local, esos fondos irán principalmente al Departamento de la Vivienda (DV) y la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3).

Hasta la fecha, Puerto Rico ha recibido solamente $1,500 millones en fondos de FEMA para atender la emergencia, según indicó a este medio el director ejecutivo de la COR3, Omar Marrero. A largo plazo, la administración apuesta a que en 10 años se apruebe un total de $139,000 millones para atender la recuperación del desastre e impulsar la deprimida economía local.

No obstante, la aprobación de esa astronómica cifra en fondos federales está en manos del Congreso, mientras que la mayoría de los fondos asignados por FEMA aún no han sido desembolsados.

Para el presidente de la Sociedad de Planificación, David Carrasquillo, aunque las agencias suponen desarrollar un plan complementario a todos los esfuerzos que el estado quiera llevar para el uso de estos fondos, la planificación que se ejerce es individual entre estas agencias.

‘Se ve todo de forma segmentada y eso produce serias fallas en temas que complementan de por si los diferentes planes. Antes los fondos no se usaban de forma holística, sino que simplemente partiendo de la premisa que cada proyecto va a tener su impacto medible pero individual’, sostuvo Carrasquillo.

Por otra parte, la entrada de empresas estadounidenses que persiguen insertarse en el proceso de reconstrucción mediante la obtención de contratos públicos tambien complica el panorama al producir información a la talla de los proyectos que están capacitados para ejecutar. El resultado es que las propuestas que recibe el gobierno no necesariamente cuentan con una información de primera mano, como la que pueden producir estructuras más cercanas a la gente, principalmente los municipios.

Carrasquillo tomó como ejemplo los planes de mitigación para los municipios, encomienda que la Junta de Planificación delegó mediante contrato. En vez de requerir a los municipios llevar a cabo la tarea, que cuentan con la experiencia y el conocimiento directo de las comunidades y las áreas vulnerables, la agencia en vez optó por que una sola compañía lleve a cabo estos procesos.

Pero, para el abogado y exlegislador Víctor García San Inocencio, la falta de inclusión de los municipios podría responder a una tendencia histórica que apunta a la falta de cumplimiento.

‘Se supone que los municipios sean capaces de preparar propuestas que cumplan con un mínimo de exigencia de las entidades que van a supervisar la entrega del dinero. Uno de los grandes problemas que ha habido en Puerto Rico es que, tradicionalmente, ese ejercicio de hacer las propuestas no es un ejercicio para el cual los entes gubernativos puertorriqueños esten preparados adecuadamente o esten al día’, explicó García San Inocencio.

Al no someter propuestas adecuadas para las agencias federales que desembolsan estos fondos, los municipios se pueden ver en una posición que no cualifican, o reciben parte de los fondos, o hasta se ven en la obligación de devolverlos por no cumplir con lo que fue propuesto para los fondos. A consecuencia de estos desenlaces, la administración insiste en la centralización para asegurar el recibo de estas ayudas.

Sin embargo, la centralización todavía hace posible que las propuestas que reciban sean a la medida de ciertas empresas con la capacidad de llevar a cabo proyectos de gran escala, que suelen ser estadounidenses. El resultado práctico de esto es que la mayoría de estos fondos no irán a compañías locales, sino a empresas foráneas limitando el potencial de fomento económico local.

‘Probablemente sean proyectos grandes para los cuales quienes puedan participar sean entidades grandes y compañías muy especializadas o entes muy especializados y eso plantea un sesgo grande porque es probable que las que puedan de aquí sean pocas y lo que veamos sea, repetidos en otros ámbitos, la misma historia de Whitefish, Cobra y los demás en el sector energetico. Creo que eso es un elemento que hay que mantenerle la vista puesta’, sostuvo el exrepresentante del Partido Independentista.