Seguirán luchando por sus pensiones.

La radicación de quiebra de la Arquidiócesis de San Juan fue refutada en el tribunal por la representación legal de los maestros y empleados de los colegios católicos, quienes indicaron que la entidad carece de personalidad jurídica para protegerse bajo una bancarrota.

El pasado sábado, la Arquidiócesis de San Juan decidió acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras, por lo que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan paralizó de manera preventiva y archivó el caso que embargaría los bienes de la Iglesia para pagarle al magisterio de los colegios católicos.

Ante esa instancia, la parte solicitante considera la bancarrota como una táctica de evasión para dilatar el pago de la deuda de pensiones.

‘La quiebra fue una táctica para dilatar los procedimientos, que es lo que ha hecho la Iglesia en todo momento. La quiebra no está bien… y nosotros esperamos que ese caso se desestime y se enmiende para entonces incluir todas las dependencias de la Iglesia’, apuntó Germán Brau, quien representa a los trabajadores que llevaron el pleito.

Se trata de unos 184 maestros y empleados de tres escuelas: la Academia Perpetuo Socorro, la Academia San Ignacio, de grados elementales, y la Academia San Jose, en Caparra.

La posición de la Iglesia es que no cuenta con fondos para pagar las pensiones de quienes fueron sus maestros, algunos de edad avanzada, durante decadas. Los pagos oscilan entre $100 y $300.

‘Nosotros hemos prevalecido hasta el momento en todos los foros donde hemos litigado. Ellos presentaron una tercera solicitud de paralización ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que les fue denegada. Todo el tiempo hemos prevalecido en los distintos foros y tenemos la confianza que vamos a prevalecer nuevamente hasta que consigamos que la Iglesia cumpla con su obligación’, exclamó Brau.

En la moción enviada al tribunal, el licenciado argumentó que la Arquidiócesis de San Juan en sí no tiene personalidad jurídica separada de la Iglesia, según la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sin embargo, fue la Arquidiócesis de San Juan –como individuo– que sometió la petición de quiebra, no la Iglesia como un todo.

‘Si quiere radicar la quiebra, tiene que ser la corporación completa porque tecnicamente no es una persona que pueda. La Arquidiócesis no cualifica. Tendría que enmendar la petición para que incluya a toda la Iglesia, que es la que tiene personalidad jurídica. Eso ya está resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico’, explicó Brau.

Esta determinación se puso en práctica cuando las diócesis de Ponce y Mayagüez presentaron un recurso legal ante la Corte de Distrito federal de Puerto Rico para detener el embargo de sus bienes, como parte del caso entre los educadores de colegios católicos y la Arquidiócesis de San Juan.

No obstante, el Tribunal Supremo estipuló que la Iglesia era un solo ente, por lo que tambien les aplicaba el embargo que ahora se paraliza con la radicación de quiebra.

Aunque el proceso judicial actual comprende a 184 maestros, hay una solicitud en el tribunal para certificar el pleito como un de clase, que incluiría entonces a más planteles y entre 300 y 400 maestros y empleados.

‘La clase es pequeña porque incluye tres escuelas, pero hay 42 escuelas envueltas en el plan de pensiones. Si las otras 39 escuelas en su momento reclaman, pues la Iglesia no va a poder pagar a todo el mundo’, aseguró Brau.

La protección de quiebra bajo el capítulo 11 presentada por la Arquidiócesis de San Juan no es para liquidar sus bienes, sino para una reorganización financiera. De este modo, los maestros pensionados se convierten en acreedores que tendrán que pelear por su dinero frente a otros acreedores, como lo son el Banco Popular y la Autoridad de Energía Electrica (AEE).

La organización estimó sus activos en entre $10 millones y $50 millones e igual cantidad en deudas.

La disputa judicial entre pensionados y la Iglesia tuvo sus comienzos en el 2016, cuando los maestros jubilados dejaron de recibir el dinero que les corresponde por parte del Fideicomiso del Plan de Pensiones de Empleados de Escuelas Católicas.