Aquí lo resumimos.

El jueves en la tarde, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, radicó una demanda ante la corte federal contra la Junta de Control Fiscal (JCF) en aras de defender la labor de política pública a cargo de la Rama Ejecutiva y los límites de la entidad a cargo de las finanzas del país.

En el escrito de 39 páginas, el Gobierno centró su argumento en que la insistencia de la JCF de imponer su propio presupuesto –que incluye recortes a agencias y beneficios a empleados públicos– excede los parámetros de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles).

Aquí presentamos los puntos sobresalientes de la demanda:

El Gobierno aclara que la demanda no es un intento por desacreditar la certificación del Plan Fiscal de la JCF. Al contrario, reconoce el documento como válido bajo las disposiciones de la Ley PROMESA porque ese estatuto les ordena la certificación de planes fiscales y presupuestos, ya sean aquellos propuestos por el Gobierno, la JCF o ambas partes en conjunto, y de monitorear su cumplimiento.

Insiste en que los pedidos de la JCF,

como de reducción de jornada y eliminación del Bono de Navidad, son sugerencias que el Gobierno puede decidir si pone en marcha o ignora. En ese aspecto, subraya que el poder de tomar decisiones de política pública está reservado para el Gobierno: ‘PROMESA le da el poder a la Junta de hacer ‘recomendaciones’ al Gobierno en cuanto a una larga gama de asuntos. Sin embargo, nadie puede disputar que el gobernador tiene el camino libre para rechazar estas recomendaciones’.
El documento recalca que la JCF no puede ‘micromanejar’ al Gobierno, ni hacer lo que al momento pretenden hacer: imponer reducciones laborales, cambiar los roles y las responsabilidades de oficiales de gobierno y criminalizar actos bajo la ley de Puerto Rico.
Refuta las resoluciones especiales elaboradas por la JCF respecto

al presupuesto por creerlas limitantes y porque son las vías que utiliza la agencia para impulsar cambios de política pública. De manera particular, cuestiona cuatro puntos: limitaciones a los derechos de reprogramación del gobierno, mandatos de acciones correctivas, expansión de los poderes punitivos de la JCF para la falta de cumplimiento con el presupuesto, y la subvención de ‘proyectos especiales’ con el favor de la JCF.

Por lo demás, el Gobierno hace un recuento de los límites judiciales ya dictaminados por un tribunal sobre los poderes de la JCF, a toda vez que brevemente y sin mucho enfasis reconoce al grupo encargado de las finanzas públicas como una entidad dentro del gobierno local creada bajo PROMESA.

Previo al fin de su Sesión Ordinaria, la Legislatura aprobó un proyecto de presupuesto de $8,709 millones, suma que contrasta con la reducción a $8,458 millones que solicitó la JCF en una carta.

Tanto la discrepancia en números como el recurso legal surgen como consecuencia de no derogarse la Ley 80 sobre compensación por despido injustificado, cuyo particular fue acordado entre la JCF y el Gobernador. A cambio de la eliminación de ese estatuto, se frenaría la eliminación del bono de Navidad de los empleados públicos, y la reducción de días de vacaciones y enfermedad para los trabajadores.

Lo que solicita el Gobierno al Tribunal

Declarar que la JCF carece de autoridad para imponer iniciativas de política pública en el Gobierno a traves del Plan Fiscal y/o presupuesto.

Declarar que los mandatos de política pública en el Plan Fiscal de la JCF, según rechazados por el Gobierno bajo la Sección 205 de PROMESA, son nulos e inválidos.

Declarar que los mandatos de la JCF en el presupuesto que aprobó excede sus poderes, por tanto son nulos e inválidos.

Ordenar a los demandados que no implementen ni refuercen las recomendaciones ya rechazadas, aunque hayan sido o no presentadas como recomendaciones, contenidas en el Plan Fiscal de la JCF y el Presupuesto de la JCF.

Mira la demanda aquí: