Mientras por un lado el exalcalde Guaynabo Hector O’Neill García llegó a un acuerdo privado con la mujer que lo acusó de agredirla sexualmente, el municipio recibió el pasado 8 de agosto una reclamación por parte de la víctima en aparente relación al caso.

‘La querella inicial incluía al municipio también. Si se transó el caso, se transó con perjuicio para todas las partes? Se tratócon perjuicio para solo una de las partes? Hay partes del caso que no se transaron? Cuál es la implicación que tiene el remanente de un caso que aparentemente había sido resuelto entre las partes contra el municipio?’, cuestionó Antonio Pabón Batle, presidente del Comité de Transición del alcalde electo de Guaynabo Ángel Pérez Otero

La nueva administración aún no cuenta con detalles de la reclamación, por lo que desconocen si los pedidos de la parte demandante son los mismos contenidos en la petición original o fueron enmendados.

Cabe destacar, igualmente, que la reclamación fue recibida por el municipio de Guaynabo el pasado 8 de agosto, un día después de la llegada del nuevo incumbente para comenzar el proceso de transición.

O’Neill García renunció a su cargo en la alcaldía tras el resurgimiento de los casos en su contra. En marzo del año corriente, el exalcalde informó que había resuelto la demanda por $300 mil.

Como es conocido, O’Neill García fue denunciado ante el Departamento del Trabajo federal por una mujer policía del municipio, quien alegó fue violada y agredida por el exejecutivo municipal. Ambos, según el alegato, sostuvieron una relación sentimental desde el 2009 hasta el 2015.

En sucesos relacionados, el Comité de Transición del alcalde entrante inquirió a la División Legal del municipio sobre unos cuatro casos de hostigamiento en el empleo que pudieran o no ser de carácter sexual, ocurridos bajo el mandato de O’Neill García.

‘Hay una serie de casos que están en el Equal Opportunity Commission, no todos son necesariamente de hostigamiento sexual. Se mencionó que hay una alegación de ilegalidad que pudieran los seguros no cubrir porque los seguros no dan cubierta por actos ilegales, pero como abogado puedo decir que las alegaciones en las demandas y en las reclamaciones podrían no ser específicas en que el acto que se cometió o se alega es cometido es de carácter criminal o es un delito, y eso lo tiene que determinar la aseguradora que determinará si le brinda o no cubierta’, explicó Pabón Batle durante el último día de vistas de transición.

Dos de esas instancias cuentan con investigadores internos y mientras que los dos restantes son analizados por investigadores externos.

Ya que durante el año han surgido varios casos de hostigamiento y agresión sexual en Guaynabo con el exalcalde como protagonista, así como su hijo —Héctor O’Neill Rosa—, el municipio contrató los servicios de la compañía Perfect Partners para relaciones públicas y manejo de crisis.

El trato estuvo vigente hasta junio 2017 y, aunque no se especificó fecha de inicio durante la vista, se entiende que comenzó en abril y se extendió por espacio de tres meses a razón de $15,000 mensuales.

Además, en el transcurso del año fiscal 2016-2017, el exalcalde O’Neill García optó por la contratación de 14 consultores y asesores externos, en los que el municipio incurrió en un gasto de $782,531.

‘En toda entidad gubernamental, en todos los municipios es necesaria la contratación de recursos externos legales, pero esos recursos externos deben estar intrínsicamente relacionados con quienes conocen el quehacer y el día a día de los asuntos cotidianos del municipio. De aquellos que trabajan las ordenanzas municipales y los reglamentos y los analizan’, aseguró el presidente del Comité de Transición.

Para el año fiscal vigente, la Legislatura Municipal de Guaynabo presupuestó $574,000 para la contratación de asesores externos, una diferencia de $208,000 en comparación con lo desembolsado el año previo.

Estos convenios exteriores provocaron que la División Legal del municipio tuviera poca o ninguna participación en los procesos del ayuntamiento.

La oficina, dirigida por el abogado Frankie Amador Rodríguez y compuesta por otros ocho empleados, atiende interdictos y asuntos relacionados a la otorgación de permisos, además de encargarse de redactar, revisar y evaluar resoluciones y ordenanzas municipales.

Del mismo modo, la oficina participó del proceso de revisión del reglamento para la prevención del hostigamiento sexual en el empleo.

Sin embargo, y contrario a otros pueblos, la oficina Legal de Guaynabo no interviene en contrataciones realizadas en el municipio. Esto se debe a que O’Neill García —de acuerdo a las revelaciones en las vistas de transición— asumió el control de esos documentos desde su oficina, contrario a los protocolos.

‘Una de las recomendaciones que hay que hacerle al alcalde entrante es que analice cuidadosamente la participación que se le debe dar a la División Legal en los procesos internos municipales. No podemos pensar que esa división cuenta con nueve abogados del calibre del licenciado Amador y sus compañeras de trabajo y no se les estén utilizando de óptima manera’, reclamó Pabón Batle a preguntas de este medio.

El alcalde entrante comenzará sus labores de manera oficial el próximo lunes, 21 de agosto tras 24 años de la incumbencia de O’Neill García.

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