Arrestan manifestante y ocupan…

Un hombre de 73 años fue arrestado por la Policía en medio de la manifestación que acontece en la carretera PR-385 Peñuelas, informó el martes la Policía.

Según el parte policial,Juan Román Aponte fue arrestado por violar los artículos 245 (Empleo de violencia o intimidación contra la Autoridad Pública) y 246 (Resistencia y Obstrucción a la Justicia).

Román fue transportado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de San Lucas en Ponce al supuestamente sentirse mal de salud, añadió la Policía.

Esta manifestación responde a la llegada de más de 40 camiones en la mañana de hoy que allegaron toneladas de cenizas al vertedero de Peñuelas.

La Policía también investiga varios artefactos explosivos de confección casera ocupados a la entrada de un solar aledaño a la entrada del vertedero, ubicado en la carretera 385 del municipio.

Según informó el teniente Ramón Muñiz, director de la División de Explosivos Área de Ponce y Guayama, una llamada anónima recibida al Cuartel del Distrito de Peñuelas alertó que alguien había escondido en un envase color azul varias botellas con gasolina.

Al lugar se personó el teniente Muñiz, quien en unión a su personal, ocuparon un envase con cinco botellas de cristal deacelerante y afuera del envase, dos botellas adicionales vacías. Las botellas tenían pedazos de tela, que cubrían la parte superior de las mismas.

La Uniformada precisó que consultará con la Agencia Federal de Armas, Explosivos y Tabaco (ATF por sus siglas en inglés).

Por su parte, el portavoz del Comité de Diálogo Ambiental de Salinas, Víctor Alvarado Guzmán, sostuvo que las «molotov» encontradas en la entrada del vertedero estaban dentro del perímetro protegido por la Policía de Puerto Rico, desde el pasado 11 de julio.

«Desde entonces han mantenido efectivos policiacos en esa área. No creo que sea casualidad que a 48 horas luego de una contundente manifestación en contra del depósito de las cenizas tóxicas de la planta AES, bajo el lema de «Todo Puerto Rico contra las cenizas», de repente se recibe una llamada anónima y la policía encuentra estas supuestas bombas dentro de su perímetro», añadió.

Por su parte, el portavoz del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa, José «Nolo» Díaz, recordó que no es la primera vez que aparece algún tipo de artefacto en el área y las autoridades federales asumen jurisdicción.

«El 27 de noviembre de 2016, también a 48 horas de una inmensa manifestación contra las cenizas y los arrestos que habían ocurrido esa misma semana, se encontró un maletín sospechoso en la misma área. También el FBI asumió jurisdicción y nunca se supo más nada sobre el asunto. Aquí hay un patrón. Cuando crecen las manifestaciones y el apoyo de diversos sectores, aparecen llamadas anónimas sobre artefactos y supuestas bombas que son halladas dentro del perímetro de la policía. Quizás la investigación deba comenzar por aquellos protegidos por la policía que podrían tener acceso a esas áreas y que no les conviene que continúe creciendo el apoyo a las comunidades de Peñuelas que luchan por la salud de sus familias», sentenció Díaz.

Responden sobre costo de movilizar policías

El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, contestó mediante carta el pasado 25 de julio, una petición del senador del Partido Popular Democrático (PPD), Cirilo Tirado Rivera, para informar el costo del despliegue policial en el vertedero Peñuelas Valley Landfil (PVL), cuando se realizó un operativo para permitir el depósito de cenizas de carbón.

«Es un corolario constitucional conocido aquel que reza que la libertad de expresión no es de carácter absoluto, ya que esta debe ceder ante casos de imperativo interés público, como resulta, en esta ocasión la seguridad del colectivo», contestó Pesquera en la misiva.

El Senador, empero (en entrevista con WPAB 550), sostuvo que «el pueblo de Puerto Rico fue el responsable de ese gasto».

Tirado Rivera insistió que en el caso de entidades privadas que solicitan a la Policía de Puerto Rico una intervención, es la empresa la que debe costear la movilización policial.

Ante la negativa a la información, Tirado Rivera aseguró que acudirá al Tribunal para que el Departamento de Seguridad Pública provea la información solicitada.

«Nosotros vamos a presentar en el Tribunal, una acción en los próximos días para conseguir la información», dijo Tirado Rivera.

«Nuestros abogados ya están trabajando en el asunto», añadió.

«Esto es un patrón de que el gobierno no revele los gastos en que incurren. Esto es para ver quién dio la orden para que este operativo se realice. Sabemos que la petición vino de AES», abundó el Senador.

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