Un fideicomiso que administra el plan de compensación diferida de la Universidad de Puerto Rico (UPR) radicó una demanda contra la institución, su antigua presidenta interina Celeste Freytes, y el exgobernador Alejandro García Padilla tras una orden de la UPR para liquidar dicho Plan y distribuir los fondos entre sus participantes, pese a la insolvencia de la institución.

De acuerdo al documento radicado el 21 de julio de este año, la fideicomisaria Voya Institutional Trust Company (VOYA) se niega a liquidar los activos en los planes de compensación diferida de la institución, una orden que emitió la pasada administración de la UPR el pasado abril de 2016, donde solicitó que se distribuyeran $33 millones de ‘fondos de emergencia’ para los participantes del plan.

Este plano es uno de retiro, es uno voluntario al que los empleados aportan, de manera separada y distinta a como lo hacen en un plan de retiro. De ordinario, la administración universitaria puede dar órdenes a los administradores del Plan pero, dada la ‘insolvencia de la UPR’, los acuerdos requieren que VOYA preserve esos fondos en protección a los acreedores de la institución, según el pliego.

‘La UPR quiere liquidar el Plan y distribuir todo los activos del Plan a los participantes’, indican a la vez que detalla que los empleados participantes del Plan pueden retirar el dinero depositado si le ocurren situaciones extraordinarias fuera de su control pero no si es para gastos previsibles como pagar su casa y vehículo.

‘A luz de la información pública sobre la insolvencia de la UPR, el fideicomiso no procesó este pedido (de distribución de fondos)’, explicó VOYA en su demanda al detallar que suspendió el desembolso de unas 140 solicitudes de retiro temprano de los ahorros de empleados en el Plan.

De acuerdo a la demanda, debido a esta decisión, la UPR notificó al fideicomiso que estarían transfiriendo los fondos administrados por VOYA a otro fideicomiso.

‘El 19 de agosto de 2016, la UPR formalmente notificó a VOYA que había nombrado a ciertos oficiales de la Universidad como fideicomisarios sucesores de VOYA y designado un nuevo administrador del récord, para el cual solicitaron a VOYA la transferencia de los activos del Plan. La UPR también envió una resolución de la Junta, con fecha del 30 de junio de 2016, autorizando a la UPR a liquidar el Plan y distribuir los activos a los participantes’, reveló el documento.

Según VOYA, aunque la UPR tiene el derecho a solicitar removerlos como fideicomiso, cumplir con el pedido de liquidar los activos podría ser una violación al ‘stay’ impuesto por la ley PROMESA. A la misma vez, la empresa alega que ‘si la UPR es insolvente, podría ser un riesgo potencial, si VOYA no toma acción, para preservar los activos de los acreedores de la UPR’.

Con su solicitud a la jueza de quiebras Laura Taylor Swain, VOYA dice buscar una aclaración sobre la validez de esas transferencias de fondos a los empleados para estar liberados de responsabilidad ante los acreedores de la UPR.

Demanda de VOYA contra la UPR_26364