El jefe del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Ángel Crespo, autorizó 122 solicitudes de preretiro y al mismo tiempo reclutó 191 bomberos nuevos, acto que para el Comite Entrante derrota el propósito de reducción de nómina en el servicio público.

Según lo explicó el licenciado Alfonso Orona, del Comité Entrante, el gobierno debe pagar el 60% del sueldo para cada solicitud de preretiro. Por lo tanto, si se llena una plaza que se desocupo en virtud al amparo del preretiro significaría que la agencia debe pagar el sueldo por esa plaza más el 60% del beneficiario, por lo que no se producen mayores gastos en vez de ahorros.

‘Nosotros entendemos que esas evaluaciones de preretiro se tienen que hacer con la responsabilidad que esas decisiones conllevan y a la misma vez teniendo en cuenta que el gobierno de Puerto Rico está pasando por el peor momento en su historia’, dijo Orona en conferencia de prensa.

Por su parte, el jefe Crespo insistió que el programa le produce ahorros de $1.5 millones anuales, cifra que iría en incremento en la medida que estos beneficiarios se acojan al retiro regular. Sin embargo, enfatizó que el preretiro además sirve el propósito de proveer una salida a aquellos bomberos que carecen de la aptitud física para continuar trabajando.

‘Más allá de verlo desde el punto de vista económico, yo lo veo desde el punto de vista de seguridad pública e interés humano. Esos bomberos ofrendaron los mejores años de su vida para acogerse a un retiro y muchos de ellos ya no están en las mejores condiciones para rendirle servicio al país’, declaró Crespo.

Pero a juicio de Orona, las preocupaciones de Crespo por el bienestar de los bomberos también pudieron ser remediadas si optaba por asignar ese personal al área de inspección. De hecho, Crespo admitió que tienen necesidad de inspectores y de paso indicó que reclutó 21 nuevos inspectores, 12 de los cuales fueron asignados al área metropolitana, mientras 10 están asignados a la isla.

Crespo se ofrece a trabajar conRosselló

El licenciado Ramón Rosario, del Comité Entrante, inició su interrogatorio preguntando a Crespo si ha implementado la política pública del gobernador actual, a lo que respondió afirmativamente.

Seguido, preguntó si tiene la autoridad de hacer cumplir las leyes relativas al Cuerpo de Bomberos, a lo que Crespo dijo que sí y dijo que recordarán el 30 aniversario del incendio del Hotel Dupont Plaza, lo que señaló ocurrió por falta de regulación.

Tercero, preguntó si tiene la facultad de adoptar reglamentos sobre la política pública, lo que también respondió en la afirmativa.

Finalmente preguntó a Crespo si a partir del 31 de diciembre pondrá su cargo a disposición del gobernador electo, Ricardo Rosselló. Crespo respondió, ‘Yo le tiendo un puente de comunicación al gobernador electo. Yo soy un empleado público de carrera, le he servido al cuerpo de bomberos por 20 años. La ley 43 me ordena que una vez yo sea confirmado por la legislatura desempeñe dicho cargo por seis años’, y culminó indicando no pretende ser una ‘piedra de tropiezo’ para la política pública de Rosselló.

Rosario reconoció la respuesta de Crespo pero citó la jurisprudencia que surge a raíz del caso Santana v Sila Calderon en el que el Tribunal Supremo afirmó que es inconstitucional poner un término a un funcionario que implementa, formula, y hace cumplir la política pública. ‘Esas tres preguntas yo se las hice originalmente y según su cargo y ejecutoria usted me ha dicho que formula implementa y hace cumplir la política pública’, argumentó Rosario.

Crespo insistió que está en disposición de diálogar para continuar desempeñándose en el Cuerpo de Bomberos y continuar la obra de confianza que inició con el gobernador Alejandro García Padilla. ‘Yo creo que el valor de la confianza no es transferible y es por esto que en la mejor disposición estoy para el dialogo’, añadió el jefe de los bomberos.

El nombramiento de Crespo fue aprobado por el Senado en marzo del 2013, por lo que podría continuar el cargo hasta el 2019. Al presente, el gobernador electo está en proceso de revelar los funcionarios que formarán parte de su gabinete constitucional, aunque aún no ha anunciado si uno de esos nombramientos será el de jefe de los bomberos.

Por su parte, Rosario dijo en conferencia de prensa que a su juicio el término de seis años que dispone la ley es inconstitucional.