La solicitud de transparencia que hizo tanto el gobernador entrante, Ricardo Rosselló, como el saliente Alejandro García Padilla, no es viable para Autopistas de Puerto Rico, empresa operadora del puente Teodoro Moscoso que optó por cancelar una negociación que llevaba desde mediados de julio con la Autoridad de Carreteras (ACT) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) por $43 millones.

La directora ejecutiva de laACT, Carmen Villar Prados, señaló que esa negociación se canceló por parte de Autopistas de Puerto Rico a mediados de noviembre. En declaraciones escritas aNotiCel, Villar precisó: ‘Posterior a la redacción del informe de transición de laAAFAF, nos fue informado por Autopistas de Puerto Rico que al presente no tienen intención de continuar las negociaciones; por lo cual, la transacción no prosperó’.

El proceso de negociación se detalla en el informe de transición de la AAFAF, publicado el pasado lunes. La comparecencia de la agencia, pautada en agenda, se omitió en las vistas de transición.

La negociación surgió a raíz de una propuesta de Autopistas para modificar el acuerdo de distribución de ingresos (revenue share) del peaje del puente para que la empresa recibiera el 95.5% hasta el 2027 a cambio de un pago adelantado de $43 millones a la ACT. El contrato vigente entre Autopistas y Carreterasdispone que a partir del 2027, la fórmula delrevenue share cambiaría para que la ACT reciba el 61.5% y Autopistas el 38.5% hasta el 2044.

Tanto Autopistas de Puerto Rico como Metropistas, empresa operadora del expreso PR-22 y PR-5, son subsidiarias del conglomerado español Abertis. A finales de abril, la ACT ratificó un acuerdo similar con Metropistas, cediendo un 75% de las ganancias de los peajes en la PR-22 y la PR-5 a cambio de un pago adelantado de $100 millones y otros $15 millones que se pagarán al finalizar la construcción de un peaje bidireccional o antes del 20 de junio del próximo año. En ese momento el acuerdo se hizo debido a la falta de efectivo que aún tiene la ACT y que le impide pagar sus obligaciones de deuda que ascienden los $6,900 millones.

En mayo, el presidente de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas, representante Jesús Santa, cuestionó la validez del acuerdo con Metropistas por incluir además una extensión de 10 años sin consultar a la Legislatura. Además advirtió que el acuerdo podría resultar en una pérdida de $50 millones para el Estado por concepto de ganancias perdidas en los peajes.

PROMESA cambió negociaciones

Aunque la directora de la ACT ni el director de la AAFAF, Víctor Suárez, pudieron precisar cuándo fue que Autopistas de Puerto Rico presentó la propuesta, el informe de contratos de la AAFAF indica que a finales de julio contrataron a la firma EFGB Consulting Engineers para servicios de asesoría sobre el flujo del tráfico del puente Teodoro Moscoso por la cantidad de $24 mil. A pesar que se enmendó la vigencia del contrato, el mismo expiró el 15 de octubre de este año.

Debido a que la negociación se extendió posterior a la aprobación de la ley PROMESA, legislación que proveeuna oportunidad para reestructurar la deuda de todas las dependencias del Estado, tanto la AAFAF como la ACT propusieron un lenguaje para proteger el acuerdo vigente. En entrevista con este medio, Súarez afirmó que trabajaron esta iniciativa pues de aprobarse el acuerdo y posteriormente ejecutarse el proceso de reestructuración bajo PROMESA, la ACT se arriesgaría a perder su parte del revenue share.

Luz verde para privatizar la ACT el próximo cuatrienio

En cuanto a la contratación de EFGB Consulting, Suárez explicó que ellos valoraron la propuesta según lo dispuesto en la ley federal, además de la cuantía de la propuesta de Autopistas de Puerto Rico. ‘Eso era parte del análisis que tenía que hacer uno de los consultores si el precio en el mercado que se está ofreciendo es el adecuado de acuerdo a la propuesta que se está haciendo y va tener mucho que ver también con el futuro de carreteras y qué se va hacer con la ACT’, manifestó el también Secretario de Estado.

En esa línea, y con la maltrecha situación económica de la ACT en mente, Suárez sentenció que la negociación también respondía a las acciones que tendría que tomar la próxima administración en cuanto el futuro de esa dependencia. ‘Esto es una medida para allegar más recursos a Carreteras pero va a depender también del futuro de Carreteras. Si Carreteras va seguir existiendo, y eso es una decisión de política pública que tiene que tomar la nueva administración, o si Carreteras se va a privatizar’, declaró Suárez.