El estado de derecho actual permite, con pocas excepciones, la elección de candidatos con investigaciones activas ante el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), multas y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, o con pasados señalamientos por actos de corrupción.

Hasta que esa falla no sea remendada mediante enmiendas a la Ley Electoral y la Ley de Ética Gubernamental, lo único que impide la elección de estos individuos es el voto del propio elector.

‘Ninguna ley en este momento impide que esa persona, salvo que haya sido declarado convicto de delitos graves o menos graves que impliquen depravación moral, pueda figurar o no en una papeleta’, precisó la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario.

De esta manera enfatizó además que al presente, el lenguaje de la Ley de Ética Gubernamental y la Ley Electoral no atienden el asunto de candidatos con sanciones administrativas o con una trayectoria de pasadas irregularidades.

Fue mediante esta falla en el sistema electoral de la Isla que 140 legisladores municipales, 13 alcaldes y al menos dos legisladores estatales lograron entrar en la carrera electoral y ganar a pesar de incumplir de una manera u otra (o incumplieron) con su deber legal.

Tal fue el caso del representante José Luis Rivera Guerra quien prevaleció en la contienda por el distrito 35 con una ventaja de más de cinco mil votos, a pesar de resultar convicto en el 2013 por no proveer información a la OEG sobre una construcción en su residencia, de la cual tampoco tenía permiso de uso. Al ser declarado culpable de crímenes menos graves, este logró reinsertarse en el ruedo político.

Por otra parte figura el caso de Carlos Rodríguez Mateo, senador electo por el distrito de Guayama, quien ganó con una ventaja de más de ocho mil votos a pesar de ser objeto de una investigación activa ante el PFEI por irregularidades en el proceso de nombramientos durante su último año como alcalde de Salinas.

Mientras, los alcaldes de de Camuy, Canovanas, Cayey, Corozal, Culebra, Jayuya, Lajas, Maricao, Orocovis, Peñuelas, Sabana Grande, San Lorenzo y Santa Isabel fueron impuestos multas por la OEG. No obstante, según Rosario, todos excepto el alcalde de Lajas, Marcos ‘Turin’ Irizarry, han pagado sus multas.

Irizarry, quien venció a su contrincante de la palma Erwin Álvarez con 1,800 votos, fue multado $6,000 por utilizar propiedad municipal para crear propaganda política y $7,000 por instruir a agentes de la Policía municipal a no emitir boletos de tránsito. Al presente el alcalde debe cerca de $4,000 para saldar el plan de pago de su multa.

En el caso de los legisladores municipales de cinco municipios, Adjuntas, Arroyo, Toa Baja, Rincón y Río Grande, todos los candidatos que resultaron victoriosos no cumplieron con el requisito de atender adiestramientos provistos por la OEG. Por ley todo candidato a algún puesto electivo debe tomar un adiestramiento provisto por la OEG de 7.5 horas. Desde marzo de este año esa dependencia ofreció 15 talleres en distintos puntos de la Isla.

Aunque Rosario aseguró que su oficina cumplió con sus deberes y mantiene una labor proactiva en la investigación de querellas, lo cierto es que tanto la falta de personal, fondos y una ley orgánica mejor ajustada a los tiempos les impide procesar con agilidad todas las querellas ante su consideración.

Durante la presente administración, la asignación presupuestaria dirigida a la OEG ha sido de casi $10 millones, cada año reduciéndolo poco a poco. En términos de personal,cuentan con una docena de abogados y 1,300 casos pendientes para investigar.

La directora dio fe de que sus empleados investigan cada caso adecuadamente y lo llevan hasta las últimas consecuencias, sin embargo la necesidad de apoyo por parte del gobierno central es imperativa. Pero la transición de gobierno figura ser esperanzadora para la OEG, pues ya Rosario ha recibido comunicaciones por parte de funcionarios electos, tanto de ejecutivo como del legislativo, para comprometerse con las necesidades de la oficina.

Aún así el llamado de la OEG de cara al próximo cuatrienio se enfocará en enmendar tanto la ley de Ética Gubernamental como la ley Electoral para hacer más estrictos los requisitos para aspirantes a puestos electivos y así salvaguardar la integridad de los cargos a los que aspiran.