El representante por acumulación, Jose Enrique ‘Quiquito’ Melendez, envió misivas al Presidente del Comite de Finanzas del Senado, Orrin G. Hatch, a Loretta Lynch, Secretaria del Departamento de Justicia Federal, y a James Comey, Director del FBI, para que aseguren que se realice una investigación ‘transparente y minuciosa’ sobre las implicaciones de un acuerdo de confidencialidad existente entre funcionarios del Departamento del Tesoro y dependencias del Gobierno de Puerto Rico, como la Autoridad de Energía Electrica (AEE), con el fin de no divulgar información pública sobre los estados reales de las finanzas de Puerto Rico.

En un comunicado de prensa, el Representante subrayó que recientemente, el Senador Hatch, hizo pública una comunicación dirigida al Secretario del Tesoro, Jacob Lew, donde solicita que se brinde detalles sobre el acuerdo de confidencialidad entre su departamento y agencias del gobierno de Puerto Rico.

‘Actualmente existe un desasosiego sobre la intención para entablar este acuerdo y si el mismo serviría como método de presión para lograr la aprobación del controvertible proyecto PROMESA‘, lee el comunicado. ‘Adicional, existe preocupación sobre si este acuerdo de confidencialidad pudiera haberle ocultado información a los acreedores sobre la situación real de las finanzas en Puerto Rico’.

El Meléndez expresó en las misivas enviadas a los funcionarios federales que ‘es mi convicción, que dudas como estas necesiten ser atendidas y analizadas debidamente ya que este proceso no debe envolver ningún tipo de conflicto de interés, influencia indebida por intereses especiales, la potencial violación de reglas del SEC (Securities and Exchange Commission), o a cualquier ley o regulación estatal o federal por ninguna parte que haya estado envuelta en el proceso de influencia de camino a la aprobación de la Junta de Control Fiscal’.

‘En vista de que se pudo haber incurrido en conducta criminal federal es necesario que la Secretaria de Justicia Federal y el Director de FBI abran una investigación de inmediato y se conozca a fondo todo lo sucedido sobre este asunto. No hacerlo significaría validar un precedente peligroso para los Estados Unidos’, expresó el legislador.

Bajo la Ley Federal de Libre Acceso a la Información o ‘Freedom of Information Act’ (FOIA), tanto el gobierno federal como el estatal, tienen la obligación de brindar acceso de información a sus ciudadanos.