Doce cargos federales fueron sometidos el jueves contra cuatro oficiales de la División de Drogas de Caguas de la Policía de Puerto Rico por violaciones de derechos civiles, obstrucción a la justicia y destrucción de evidencia en hechos ocurridos en agosto de 2015.

Según el pliego acusatorioanunciado por la fiscal Vanita Gupta y firmado por la jefa de fiscales, Rosa Emilia Rodríguez, los policías utilizaron fuerza excesiva contra dos arrestados en una intervención realizada el pasado mes de agosto en la Barriada Morales de Caguas, donde también ‘confiscaron, escondieron y destruyeron evidencia de su mala conducta’.

Los arrestados por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) son el sargento Máximo Cano Díaz, el agente Javier Ortiz González, el agente Antonio Rodríguez Ortiz y la agente Iris Rivera Figueroa. A Cano se le acusa de agredir a un hombre solo identificado con las iniciales A.C.N., resultando en daño corporal, mientras abusaba de su autoridad como policía.

A Rodriguez Ortiz se le acusó por agredir a otro individuo identificado como G.A.H. en la misma intervención, en este caso utilizando su pistola eléctrica o ‘taser’.

Cano Díaz y Rodríguez Ortiz, junto al oficial Ortiz González, ordenaron a una mujer identificada como X.R.C. a que parara de grabar con su celular la intervención y que entregara el dispositivo a los agentes. Los acusados alegadamente siguieron a la mujer hasta el portón de su casa donde le quitaron el celular y borraron su contenido haciéndole un ‘factory reset’ o reinicio de fábrica.

Según la acusación, el mismo día Cano también ocupó y retuvo otro celular de un hombre identificado como J.R.D., que también fue utilizado para grabar la intervención.

A raíz de la investigación que surgió del incidente, Cano Díaz, Ortiz González y Rivera Figueroa realizaron informes falsos para encubrir su reprochable conducta y abuso de poder como agentes del orden público.

Cano Díaz fue acusado con cuatro cargos de obstrucción a la justicia, tres cargos por privación de derechos como agente de la policía y un cargo por ofrecer información falsa. Ortiz González fue acusado con un cargo de obstrucción a la justicia, un cargo por privación de derechos, un cargo por ofrecer información falsa y un cargo por perjurio.

Además, Rodríguez Ortiz fue acusado con un cargo de obstrucción a la justicia y un cargo de privación de derechos mientras que Rivera Figueroa enfrenta un cargo por ofrecer información falsa.

De ser encontrados culpables, los acusados pudieran pasar hasta 20 años en la cárcel por cada cargo de obstrucción a la justicia y un máximo de 10 años de prisión por cada violación de derechos civiles. Los cargos por ofrecer información falsa y perjurio cargan consigo una pena de cinco años de prisión por cada violación.

Mientras tanto, el caso sigue siendo investigado por el FBI en San Juan.