La contralora Yesmín Valdivieso reveló el miercoles que en una auditoría se incluyó la utilización de fondos provenientes de una resolución conjunta para propósitos no autorizados en el Municipio de Cidra.

‘El examen de nuestros auditores identificó que el 9 de agosto de 2008 la Asamblea Legislativa le asignó 2.1 millones de dólares a Cidra para varias obras públicas y mejoras; de estos se reprogramaron 150,000 dólares para otros fines, cuando eran destinados para la adquisición de un terreno y construcción de un parque de pequeñas ligas en el barrio Toíta, sin la autorización de la Asamblea Legislativa. Un funcionario municipal indicó que no se solicitó dicha autorización por temor a que la Asamblea Legislativa le solicitara al Municipio la devolución de esos fondos. Esta situación puede ser perjudicial al Municipio, ya que el no cumplir con las condiciones acordadas puede afectar futuras asignaciones de fondos’, dijo Valdivieso en un parte de prensa.

El Informe de siete hallazgos señala además, que el Municipio no obligó las asignaciones de partidas presupuestarias en un 78 por ciento de las enmiendas a los contratos y registraron con tardanzas de hasta 68 días los contratos en la Oficina del Contralor.

Además, luego del paso del Huracán Irene en agosto de 2011, el Municipio recibió fondos de la Federal Emergency Management Agency (FEMA) para trabajos de construcción, reconstrucción y mejoras relacionadas con los daños ocasionados por este. El 9 de julio de 2013 el Municipio adjudicó dos contratos por 215,000 dólares para construir un muro, gaviones y vallas de seguridad, sin cumplir con la reglamentación federal de celebrar subasta pública cuando la obra excede de 100,000 dólares. De hecho, más tarde en octubre de 2013 se formalizaron tres órdenes de cambio que elevaron los costos a 252,625 dólares. Además, se otorgó un contrato en marzo de 2014 para la instalación de demarcadores prefabricados de hormigón, sin obtener cotizaciones de al menos tres proveedores y por este trabajo no se cumplió con la totalidad de las fianzas requeridas para la obra, contrario a la Ley 81-1991.

En el Informe se indica que se llevaron a cabo construcciones y mejoras permanentes por 1.4 millones de dólares sin obtener varios permisos, como el de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) o del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), para la extracción de la corteza terrestre en el caso de las instalaciones deportivas. El Municipio tampoco le requirió al contratista el pago de los arbitrios de construcción y las patentes municipales, por lo cual dejó de ingresar 11,550 dólares.