Washington, D.C. – En la vista en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el martes, los jueces que consideraban la constitucionalidad de la llamada ley de ‘quiebra criolla’ parecían tener dificultad en entender cómo la Isla ha quedado en un limbo jurídico que podría obstaculizar sus esfuerzos para reestructurar la deuda pública.

En el caso en apelación ante el Tribunal, el abogado representando el gobierno de Puerto Rico, Christopher Landau, señaló que cuando el Congreso excluyó a la Isla en 1984 del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, la prohibición en esa misma ley que establece que Puerto Rico no tiene el poder para autorizar que sus municipios y entidades públicas se acojan a la quiebra, como afirman algunos de sus acreedores, tampoco aplica.

Al verse desprovisto de ese mecanismo en la ley de quiebras federal, Puerto Rico aprobó una ley de quiebras en el 2014 en aras de reestructurar su deuda pública de $73 mil millones, incluyendo unos $20 mil millones que reclaman acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Estos acreedores se amparan en la exclusión de Puerto Rico de una provisión de la ley federal para reclamar que la ley de quiebra criolla es inconstitucional.

El Primer Circuito de Apelaciones dictaminó a favor de los acreedores y el gobierno de Puerto Rico apeló al Tribunal Supremo, explicando así el limbo en que ha quedado la isla.

‘No hay puerta ninguna por donde Puerto Rico pueda entrar’, afirmó Landau, refiriéndose a la exclusión de ley de quiebra federal. ‘Ni hay una llave para Puerto Rico que va a otra puerta’, añadió al referirse a la decisión anterior invalidando la ley de quiebra criolla.

El argumento oral se presentó ante siete de los jueces del tribunal tras la reciente muerte del juez Antonin Scalía y la inhibición del juez Samuel Alito, quien se recusó por aparentes inversiones familiares en las empresas acreedoras de la deuda.

Por sus preguntas, a cuatro de los siete jueces, los más liberales – las jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ruth Bader Ginsburg, y el juez Stephen Breyer – parecían entender y simpatizar con el argumento del gobierno de Puerto Rico. Lidiaban con la confusion de que en algunas partes del código de los Estados Unidos y las leyes de quiebra a Puerto Rico se le trataba como ‘estado’, reconociendo la soberanía y las protecciones de los estados en el marco legal federal, y en otras ocasiones, no.

‘Le puedes robar a un estado el poder de regular sus municipalidades y no ofrecer nada a cambio?’, le preguntó la juezSotomayor al abogado de los acreedores Matthew McGill. En otro momento preguntó, ‘Qué no es coercitivo al actuar así?’

‘La alternativa que tienen los estados es el capítulo 9 de la Ley de Quiebras o nada, y la alternativa que tiene Puerto Rico es el ir al Congreso,’ puntualizó McGill.

Gran parte de la vista de una hora se centró en tratar de adivinar la intención del Congreso al excluir a Puerto Rico de ciertas provisiones de la ley de quiebras federal que anteriormente incluía a la Isla, y dejaban entrever que no parecía tener sentido.

‘Por qué el Congreso pondría a Puerto Rico en esta situación de tierra de nadie?’ preguntó la juez Bader Ginsburg. ‘Por qué el Congreso pondría a Puerto Rico en la posición de no poder restructurar su deuda?’, insistió.

Abogados de ambos lados de la controversia especulaban al tratar de responder. Como no existe una documentación legislativa ni jurídica para explicarlo, los jueces y Landau parecían pasar a centrar sus preguntas y comentarios en los problemas que se viven día a día durante la crisis fiscal que la controversia jurídica parece empeorar.

Transcripción de la vista en el caso Puerto Rico v. Franklin Cal. Tax-Free Trust – NotiCel_18146