La decisión del Tribunal de Apelaciones de otorgar la posibilidad al excorredor de seguros, Pablo Casellas Toro, de un nuevo juicio por el asesinato de su esposa Carmen Paredes, no convierte en ‘mera ley’ la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico ni atenta contra ‘la doble soberanía’ pactada en 1952, como reaccionara el secretario del Departamento de Justicia, Cesar Miranda, tras la determinación.

Según la defensa de Casellas, licenciado Harry Padilla, ‘El Departamento de Justicia lo que ha hecho es desorientar al país. Han visto un ámbito político partidista donde no lo hay. Podrá impactar lo político partidista, pero el asunto es estrictamente jurídico. No sé cuál es la alarma. Todos sabemos que Puerto Rico no es estado de Estados Unidos, [pero] estamos bajo la cláusula territorial de la constitucion federal’.

El licenciado tomó como ejemplo la pena de muerte, que está prohibida por la Constitución del ELA, pero que sí está contemplada en las disposiciones federales. ‘Aquí se ha solicitado la pena de muerte… que nunca la hayan dado es otro asunto, pero el tribunal federal la puede imponer por nuestra relación colonial’, prosiguió.

El Apelativo basó su decisión en el caso de Luis Sánchez del Valle, quien tras haber sido hallado culpable en el foro federal por la venta ilegal de armas y municiones en el comercio interestatal, pidió ante el Tribunal de Primera Instancia de Carolina se desestimaran los cargos el foro estatal. Actualmente, la determinación para desestimar los cargos de Sánchez Valle en el foro estatal en aras de evitar la doble exposición, que establece que una persona no puede ser juzgada por el mismo delito en dos foros, fue apelada y en enero será evaluada por el Tribunal Supremo federal, por lo que también criticaron al Apelativo por ampararse en un caso irresuelto.

A su vez, Miranda alertó al país que la decisión también podría crear una avalancha de excarcelación de cientos de ‘asesinos y convictos de otros delitos cuyos casos por jurado no se hayan decidido por un jurado de manera unánime que estén activos o pendientes de apelación’.

Padilla estuvo en desacuerdo, debido a que ‘las decisiones judiciales normalmente no tienen un efecto retroactivo’. Según el abogado, el Tribunal Supremo tendría que validar la decisión y hacerla retroactiva para que otros reos tengan derecho a solicitar un nuevo juicio.

El abogado del hijo del juez federal Salvador Casellas se mostró seguro de que el Supremo coincidirá con la decisión del Apelativo, en caso de que Justicia apele.

‘Jurídicamente tiene que coincidir con el Tribunal de Apelaciones, lo que pasa es que hay entes que tienen unos intereses creados, pero vamos a ser jurídicos, olvidémonos de las teorías políticas… [El Departamento de Justicia] ha levantado una alarma como si el país se fuera a caer en cantos, cuando es una decisión excelente. Nunca un país se deteriora porque se reconozcan derechos a los ciudadanos, es al revés, es cuando se cancelan derechos’, concluyó Padilla.

En cuanto a solicitar la libertad bajo fianza de Casellas Toro, el abogado indicó que ‘por lo menos hoy’ no se radicará moción en ninguna de las dos jurisdicciones que han sentenciado a su cliente.

Luego de la decisión del Tribunal Apelativo de otorgar la posibilidad de nuevo juicio, Casellas podría solicitar libertad bajo fianza en lo que acontece el mismo. Sin embargo, como está sentenciado tanto por el tribunal estatal por el asesinato de su esposa en 2012, como por el tribunal federal por emitir declaraciones falsas a agentes federales -convicción de 21 meses apelada ante el Circuito de Boston-, Casellas tendría que conseguir libertad bajo fianza en ambas jurisdicciones para poder abandonar los barrotes.

‘Si se radica aquí pero no se radica allá, él no sale porque está cumpliendo la pena de cárcel’, sostuvo el abogado de defensa de Casellas, licenciado Harry Padilla, en entrevista con NotiCel.

Tras ser encontrado culpable por el asesinato de su esposa por 11 de los 12 miembros del jurado que evaluó su caso, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar el martes pasado la sentencia de Casellas, amparándose en el requisito federal de unanimidad en juicios por jurado.