El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, afirmó que el Plan de Ajuste Fiscal no representa una carga adicional a los empleados actuales del Gobierno, sino que centra los cambios de juego en los futuros servidores públicos y a los empleados de la empresa privada.

Tanto Suárez como el Primer Mandatario trataron de suavizar el golpe por la propuesta del Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico, para extender por cinco años (hasta el 2021) las disposiciones de la Ley 66, aduciendo que no es una carga adicional para el servidor público actual. Además, Suárez dijo que los asesores legales del Gobierno han indicado que no es necesario implementar enmiendas en la Constitución para implementar estas medidas.

A su vez, el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, dejó entrever que luego del periodo de cinco años podrían extenderse los cambios en el área laboral luego de un proceso de evaluación de su rendimiento.

De acuerdo al documento divulgado el miércoles, el Grupo propone flexibilizar la jornada laboral, y permite que se empiece a contar el tiempo extra luego de trabajar 40 horas a la semana y no después de las ocho horas diarias como ocurre actualmente.

Del mismo modo, con la idea de supuestamente incrementar las oportunidades de empleo que pueda desarrollar el sector privado, proponen dar mayor facilidad para pedir una exención en el pago del bono de Navidad, y permite que el mismo sea discrecional para empleados que tengan 25 años o menos.

Asimismo, para los empleados nuevos se modifica el periodo obligatorio de vacaciones, y se extiende el periodo de probatoria a un año.

En otros aspectos, el Plan permite que solo aplique a los empleados denominados como ‘no exentos’ las disposiciones de la Ley de Indemnización por despido sin justa causa (Ley 80 de 1976), limita a seis meses la indemnización por despido obligatorio, excluye los beneficios no monetarios de los cálculos de indemnizaciones, limita a un año las reclamaciones laborales, y le da espacio a las empresas a que durante un proceso de reducción o reorganización de operaciones retengan empleados de acuerdo a su desempeño y no por el tiempo de antigüedad que tienen en la entidad.

Igualmente, se crea un Fondo de Beneficios Maternales que será financiado mediante las primas que paguen los empleadores para asegurar la otorgación de los beneficios actuales, evitar el discrimen y aumentar la participación laboral.

De otro lado, recomiendan pedirle al Congreso una exención de 10 años para la aplicación de los futuros aumentos de salario mínimo federal en los jóvenes de 25 años o menos. Después de dos años, les aplicaría el salario mínimo a estos empleados.

De igual forma, el Grupo propone solicitarle al Congreso que modifique el cumplimiento de la exención a los empleados de ‘cuello blanco’ sobre las disposiciones de salario y pago de horas extras dispuestas en la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés). La FLSA requiere que se les pague a los empleados al menos el salario mínimo federal y que las horas extras sean pagadas basadas en la tasa de un tiempo y medio.

El Plan del Gobierno contempla aumentar el nivel salarial que debe tener el empleado de ‘cuello blanco’ a $50,440 anuales, para que le aplique la exención a la FLSA.

En la FLSA se considera como empleados de ‘cuello blanco’ a empleados ejecutivos, administrativos y profesionales; empleados que se dedican a las ventas fuera de un establecimiento; empleados que trabajen en áreas relacionadas a la Informática, ciertos empleados agrícolas, los empleados de ciertos establecimientos de diversión y de entretenimiento de temporada, los empleados de periódicos de poca distribución, los marinos empleados en barcos extranjeros, los pescadores, los portadores de periódico, personas que laboran cuidando ocasionalmente a niños o personas de edad avanzada.