El Departamento de Justicia federal notificó mediante carta al gobernador Alejandro García Padilla así como a varios jefes de agencia que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus unidades fueron clasificados como concesionarios de fondos federales de alto riesgo.

La notificación implica, entre otras cosas, que el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), la Procuraduría de las Mujeres (OPM), la Universidad de Puerto Rico (UPR) recintos de Río Piedras y Carolina; así como la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), no podrán acceder a las asignaciones de Justicia federal hasta que no cumplan con ciertos requisitos.

El análisis de la Oficina de Auditoría, Asesoría y Manejo de la Oficina de Programas de Justicia federal indicó que el Departamento de Justicia local presentó un ‘número sustancial de costos cuestionables y debilidades significativas en el manejo y control interno de sus finanzas, levantando serias preocupaciones en el manejo de fondos federales’. De igual modo, la misiva enviada lunes y reseñadaen el programa radial El Azote (WKAQ 580 AM), señala que la crisis fiscal del gobierno agrava estas preocupaciones.

Una suerte similar corrió el estado de Wisconsin, cuyos programas de desvío para jóvenes en riesgo no podrán acceder a los fondos hasta cumplir con ciertos requisitos. Otros como Tennessee, Rhode Island, y Puerto Rico, tienen el panorama más complicado pues han sido señalados por fraude o recibir fondos inapropiadamente, reseñó el JournalSentinel.

En adelante, las agencias señaladas solo podrán acceder a las partidas federales después de presentar una solicitud de reembolso trimestralmente por igual o menos gastos a los asignados. Entretanto, recibirán una notificación de ajuste de asignación mientras el informe es revisado.

De igual modo, deberán presentar un informe mensual detallado de su contabilidad para el periodo correspondiente a cada asignación de Justicia federal que será revisado por la Oficina del Principal Ejecutivo de Finanzas de la agencia así como de la Oficina de Auditoría. Además, podrán solicitar otro documentos de ser necesario.

Asimismo, las agencias locales deben entregar prontamente documentos relacionados a las finanzas, programación de gastos y logros. Además, Justicia debe demostrar que las personas contacto encargados de manejar las asignaciones federales tomaron el adiestramiento del portal de la agencia federal. También deben ofrecer garantías de acciones correctivas de que Puerto Rico cumple sus obligaciones de deuda y financia sus operaciones y programas.

Justicia federal puede asignar una monitoría in situ para cada una de las entidades del gobierno. Después de la auditoría final de la Oficina del Inspector General (OIG), Justicia debe resolver las recomendaciones y gastos cuestionados. Si no, no podrá acceder nuevos fondos hasta que se cierre la auditoría y tomen medidas.

Justicia federal otorgó 30 días para que el gobierno solicite una reconsideración. Al momento de publicación, Fortaleza aún no respondía a una solicitud de reacción.