El Departamento de Justicia (DJ) indicó el viernes que pedirán una reconsideración a la sentencia emitida por el juez del Tribunal de Primera Instancia de Salinas, Aníbal Lugo Irizarry, quien determinó que algunos artículos de la Ley de Armas de Puerto Rico son inconstitucionales porque violan estatutos de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que otorga el derecho de poseer y portar armas de fuego.

En entrevista con NotiCel, la licenciada Claudia Juan García, quien dirige la División de Recursos Extraordinarios, Política Pública y Ambiental del DJ, explicó que a pesar de la sentencia emitida por Lugo Irizarry, continúan vigentes dichos artículos, pues no se ha convertido en una decisión final y firme. Resaltó que el Estado todavía tiene el espacio de pedir una reconsideración de la sentencia, y de haber un fallo adverso ir en apelación al Tribunal de Apelaciones o incluso llegar al Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo valida la posición del Magistrado, entonces sería una decisión final y firme.

De otro lado, Juan García, indicó que el DJ radicará una petición de reconsideración en o antes del próximo jueves, 2 de julio, que vence el término. Si el Juez insiste en declarar inconstitucional alguno de estos artículos, entonces acudirán al Tribunal de Apelaciones.

Esta mostró preocupación de que la sentencia declara estos artículos inconstitucionales, en vez de fragmentar las partes que a juicio del Juez tiene problemas. Abundó que en otras cosas les preocupa que se elimine el requisito de edad mínima que puede tener una persona para solicitar dichas licencias.

Mientras, la portavoz de la Policía de Puerto Rico, Maricarmen Ortiz, indicó a este diario que ‘el superintendente, José Caldero, no hará ninguna expresión ya que es un proceso que puede ir en apelación y que al momento no es final y firme’. Ante esto, refirió las preguntas al DJ.

SegúnLugo Irizarry, son inconstitucionales las partes de la Ley relacionadas a los procedimientos para obtener licencias para la portación y posesión de armas de fuego.

Lugo Irizarry priorizó el proceso que se sigue a nivel federal para la portación y posesión de armas de fuego, por medio del Registro de Transacción de Armas de Fuego de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, Juan García, apuntó que el Tribunal no tiene la facultad de determina cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo a nivel local, porque estaría entrando en materia legislativa, lo que representa una violación a la separación de poderes.