A más de un año de su establecimiento, el gobernador Alejandro García Padilla anunció este martes la ampliación del sistema de detección de disparos ‘Shotspotter’ a otras zonas del área metropolitana y reclamó que el programa, en parte, ha colaborado para la disminución de crímenes en la isla.

Sin embargo, esa supuesta reducción no puede ser corroborada pues los lugares de la instalación del equipo de monitoreo no fue revelada por la Policía para no alertar a los delincuentes.

En el tiempo que lleva, el programa que opera con sensores acústicos en perímetros determinados solo ha logrado que los agentes ocupen 23 armas y el arresto de 25 personas.

Esas detenciones han llegado hasta los tribunales donde los casos por violaciones a la Ley de Armas están en distintas etapas, pero, al momento, no hay ninguna convicción.

‘En todo el país el crimen se está reduciendo, en todos los renglones de delitos tipo 1 dramáticamente desde el 2012 y al propia Policía lo afirma. Los hechos están ahí y hablan por sí solos’, sostuvo el mandatario en rueda de prensa en el Cuartel General de la Policía.

El primer ejecutivo dijo, además, que los agentes han ocupado, a través del sistema, 1,300 municiones y 22 vehículos de motor. Ninguna de las intervenciones está relacionada a casos de asesinato.

Ese proyecto, de acuerdo a García Padilla, ha logrado que en las áreas donde está localizado se reduzca incidentes donde hay detonaciones. Por ejemplo, detalló que en un sector, el cual no reveló, se reportó una reducción de 46 por ciento en los disparos.

‘En julio 2013 se reportaron 273 incidentes que involucraron sobre mil disparos en un mes. Ahora, los datos más recientes reflejan solo 35 incidentes, lo que representa una reducción de 86 por ciento’ explicó el gobernador sobre una de las áreas donde ubica el equipo.

A partir de este miércoles el sistema se extenderá a casi toda el área metropolitana (San Juan, Trujillo Alto, Bayamón, partes de Carolina y Guaynabo) y próximamente a otros pueblos de la montaña donde se han registrado incidentes con armas de fuego.

El proyecto, que es financiado en su totalidad con fondos federales, contará con 50 agentes que supervisarán las 24 horas y se agregaron diez nuevas patrullas.

Una persona que enfrente juicio por Ley de Armas y sea declarada culpable podría enfrentar una pena de dos hasta diez años de prisión.