El logro que obtuvo la población de educación especial cuando el Tribunal aumentó las multas al Departamento de Educación (DE), para obligarle a cumplir con los servicios a estos niños, está bajo amenaza ante el anuncio de la intención de cerrar 300 escuelas para agosto de 2015.

Así lo expresaron hoy miércoles los integrantes del Comité Timón de Padres y Madres, quienes calificaron el plan propuesto por Boston Consulting Group (BCG) como un ‘retroceso histórico’ en el reconocimiento de los derechos de la población de estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial. El contrato con la compañía por $5 millones anuales contrasta con el recorte de $53 millones que sufrió el programa sufrió, destacaron.

‘Esto elimina espacios de educación adecuada e impide que reciban servicios educativos, (relacionados a su condición)’, explicó la portavoz del grupo, CarmenWarren. Recordó, frente a las escalinatas del Capitolio, que aún cientos de estudiantes permanecen sin recibir los servicios desde hace cuatro meses cuando comenzaron las clases.

En mayo de este año, el DE inició el plan con el cierre de 71 escuelas, entre las cuales se encontraba la EfraínSánchez Hidalgo y la Lola Rodríguez de Tio, con una matrícula de 420 estudiantes de educación especial en conjunto. ‘Esa era una escuela buenísima. Desmantelaron lo que estaba funcionando, sin que nadie pudiera decir nada. Es como una dictadura’, protestó, por su parte, Jessica Cabiya.

Aunque esos estudiantes fueron trasladados a otras escuelas, Warren aseguró que las quejas son constantes porque ‘muchos de esos estudiantes todavía están realengos’ o sin los servicios adecuados. ‘La escuela se ha vuelto en un cuido’ porque no tienen la educación que necesitan, enfatizó.

BCGrecomendó el cierre de escuelas como una medida por atajar la crisis fiscal, pero sustentado en la proyección de quepara 2020, el DE tendrá 22% menos de matrícula, y las escuelas estarán 45% vacías. Dijeron que la matrícula se ha reducido en un 42% desde 1980.

Sin embargo, el grupo de padres y madres responsabilizó al propio Departamento por la reduccióndebido a la ineficiencia del servicio. ‘Si quieren tener más gente en el sistema público que mejoren la calidad’, simplificóla portavoz de la Alianza deAutismo,JoyceDávila.

Asimismo, solicitaron al gobernador Alejandro García Padilla, que aclare su postura en torno al futuro del sistema público.

‘Cómo es posible que se le reparta a las escuelas privadas o a gente con otros intereses, lo que es la responsabilidad del Estado de tener una educación pública, gratuita y apropiada?’, cuestionó en referencia al modelo charter, que se ha propagado en Estados Unidos, particularmente tras el cierre de escuelas públicas.

El licenciado José Torres Valentín, representante legal del caso por estipulación de Rosa Lydia Vélez, explicó que como parte de la sentencia, el Estado tiene la obligación de mantener el mismo nivel de esfuerzos en la otorgación de los servicios a esta población. ‘Bajó qué parámetros ellos proponen cerrar 300 escuelas, cuando el cierre de 70 – sin consultar, a la carrera y sin medir el impacto – ha provocado un gran desastre dentro del sistema público?’, cuestionó.

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