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El Gobierno de Puerto Rico, a traves del Departamento de Justicia, le solicitó al Tribunal Federal que no reabra el histórico pleito de clase de Roberto Navarro Ayala v. Rafael Hernández Colón, pues sostienen que el Estado ha cumplido con las estipulaciones de este caso referente a los servicios de salud mental y que el Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio no son miembros de la clase de demandante, por lo que carecen de legitimidad para realizar dicha petición.
La moción del Gobierno fue radicada el jueves pasado, luego de que el juez federal Francisco Besosa le concediera una prórroga para presentar su posición en torno a la petición de reabrir este caso que fue presentado en el 1974 por un paciente diagnosticado con esquizofrenia y el síndrome de Stevens-Johnson, quien denunció los problemas de hacinamiento, atención inadecuada, y las duras condiciones dentro del Hospital Psiquiátrico Dr. Ramón Fernández Marina de Río Piedras.
De acuerdo al Gobierno, en el 1997 el Tribunal encontró que se estaban cumpliendo con las estipulaciones del caso firmadas en el 1977. Uno de los requerimientos era que el Hospital Psiquiátrico Dr. Ramón Fernández Marina de Río Piedras obtuviera la acreditación de la Comisión Conjunta para la Acreditación de Organizaciones de Cuidado de la Salud.
En el 2002, el Tribunal emitió una orden para desestimar el caso, pero un año después este foro judicial intervino luego de obtener información de presuntas violaciones con las estipulaciones, principalmente en lo que tiene que ver con el presupuesto asignado y que había intenciones de cerrar el Centro de Salud Mental de San Patricio.
‘En ese momento, el Estado proporcionó evidencia que demuestra que las presuntas violaciones eran inexistentes. Esta Honorable Corte hizo una determinación posterior en 2005 de que la evidencia presentada no justificaba aún más la intervención judicial en este caso’, se resalta en la moción.
A juicio del Gobierno, la actual solicitud del Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio, ‘carece de base suficiente ya que los servicios son ofrecidos, y los requisitos de las disposiciones y órdenes en este caso están siendo cumplidos’.
De igual forma, alegaron que el Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio no forma parte de la clase demandante, por lo que no tienen legitimidad para solicitar la reapertura de este caso o incluso una intervención del Tribunal.
Destacaron que el Hospital ha mantenido su acreditación y que para el año fiscal 2013-2014 mantuvo un presupuesto de $23,277,295.97. Además, aseguraron que a pesar de la reducción presupuestaria durante este año fiscal, comoquiera cumplen con el parámetro establecido por la corte.
De otro lado, aunque reconocieron los cambios en el modelo de prestación de servicios que ofrece la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), también argumentaron que esto no constituye la comisión de violaciones que justifiquen la reapertura del caso.
De acuerdo al Gobierno, estos cambios responden a las reformas de salud a nivel federal y estatal, pero reiteran que los pacientes recibirán mejores servicios.
Vea también:Reclamo por el sistema de salud mental toca a la puerta del Tribunal Federal
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Presupuesto del Hospital Psiquiátrico Dr. Ramón Fernández Marina -NotiCel_9345
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