El proceso de reestructuración al que podrán recurrir las corporaciones públicas insolventes pudiera implicar un aumento en los intereses de la deuda, a cambio de postergar el vencimiento del acuerdo con los acreedores, una figura parecida a lo que sería una modificación de hipoteca en el escenario de las deudas de consumidor, según el proyecto de La Fortaleza para la reestructuración de las corporaciones públicas.

Según el gobernador Alejandro García Padilla, la ‘Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas’, que radicó en la mañana del miércoles, es un proyecto necesario porque ‘contribuye a evitar el aumento de tarifas, pero más importante aún es que pueda seguir dando servicios porque un acreedor no puede ir contra los activos de la autoridad’.

‘Si no habría ordenamiento jurídico se estaría proponiendo la privatización. Si no hay ley, eso le permite a los acreedores ir contra los activos para obligar la venta y cobrar. Esta Ley protege el carácter público de esta corporación’, destacó García Padilla. En su sección 205, inciso (a)(b)(4), página 80, el proyecto dice que solicitar un incremento de las tarifas es uno de los remedios que no estaría disponible para un acreedor.

Pese a que el Primer Mandatario descartó que el proyecto sea equivalente a la Ley de Quiebra, lo cierto es que la medida surge ante el ‘vacío jurídico’ que tienen lasinstrumentalidadespúblicas, al no ser elegibles para el Capítulo del Código federal al que se acogen las compañías privadas, así como los municipios estadounidenses. ‘Esto no es una Ley de Quiebra porque está hecha para garantizar la continuidad en la operación’, explicó García Padilla, al detallar que la Ley no provee la opción de la liquidación.

La corporación que se declare insolvente porque no cuente con los recursos para cumplir con el pago a los suplidores y bonistas, puede renegociar los términos del vencimiento y la tasa de intereses de la deuda. ‘Un ejemplo muy común es que el vencimiento se posterga, pero aumenta el interés. Es una posibilidad que surge de este tipo de negociaciones cuando hay una estructura que lo permite’, estableció García Padilla a preguntas de este diario digital. Lo que no es opción para su administración es incurrir en un impago o incumplimiento de las obligaciones contractuales.

El Gobernador enfatizó que la Ley únicamente aplica a las corporaciones que no puedan cumplir con sus pagos, y no puede ser utilizada para las obligaciones generales del Gobierno. Indicó, por el contrario, que la medida protege que el Gobierno tenga quereestructurarsus obligaciones generales pues les alivia de tener que rescatar financieramente a las corporaciones.

La Ley estipula dos caminos para la renegociación. El primero consiste de un acuerdo entre las partes sin la necesidad de una intervención del Tribunal, cuando una mayoría de los acreedores acepta el plan de la corporación para alcanzar la autosuficiencia. De no llegar a un acuerdo, se entra entonces en un segundo proceso, en el cual se nombra un comité para representar a los acreedores, y es el Tribunal quien aprueba el plan.

Aunque se descartó la presencia de un síndico, el proceso de renegociación requiere del nombramiento de un ‘oficial administrativo’ que maneje la emergencia en cuanto al pago de los bonos.

La administración presentó el proyecto como una ‘última opción’ en caso de que no sean suficientes las medidas de reducción de gastos y la congelación de los convenios colectivos que se aprobaron mediante la ‘Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional’.

En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Junta de Gobierno asegura que ha reforzado el cobro de las tarifas a los deudores, entre los que se encuentran las propias agencias del Gobierno que le adeudan cerca de $600 millones. García Padilla aseguró que el presupuesto atiende esta necesidad al identificar fondos recurrentes para que las agencias paguen las facturas de energía eléctrica.

Aunque el Gobernador aseguró que aún no se ha tomado una decisión respecto a alguna de las corporaciones públicas, la situación más delicada financieramente la enfrenta la AEE. El director del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), David Chafey, mencionó que la deuda de las corporaciones alcanza los $26,000 millones. La AEE debe $10,000 millones, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)debe $7,000 millones, y laAutoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) $4,500 millones.

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