El comisionado residente Pedro Pierluisi, quien el martes presentó sus ideas para una reforma energetica, aseguró que su esposa María Elena Carrión es una asesora financiera que no hace transacciones con el gobierno, ante cuestionamientos de si esta tiene como clientes a firmas de energía renovable.

En el 2009, informes de prensa revelaron que Carrión, una ex banquera, había creado una empresa para ayudar a pequeños y medianos negocios conseguir financiamiento público o privado. Se ha alegado que Carrión tuvo clientes del campo de energía renovable.

‘Mi esposa es consultora en el campo de las finanzas… No lleva a cabo gestiones de gobierno…Es consultora financiera’, dijo en conferencia de prensa a preguntas de NotiCel.

Sus comentarios se produjeron luego de que el presentara sus propuestas de lo que debe ser una reforma energética.

Pierluisi dijo que el Partido Nuevo Progresista (PNP) no favorece la privatización de la AEE, pero si una política pública que diversificación de fuentes de energía que propicie la generación privada de energía limpia y barata.

Entre sus propuestas, el Comisionado dijo que la AEE debe tener dos tipos de tarifas: una preferencial y otra regular. La tarifa preferencial sería para los sectores que generen empleos como la manufactura, el turismo y el tercer sector. La regular sería para los comercios y los demás consumidores.

Pierluisi, quien estuvo acompañado por el representante Ángel Gary Rodríguez, apoyó la creación de una junta reguladora independiente como propone el proyecto de reforma energética del Senado que no esté afiliada a la Junta Reguladora de Telecomunicaciones y que regule las tarifas de la AEE. Dijo que el apoyo administrativo a la nueva junta lo debe proveer la ya existente Administración de Asuntos Energéticos, la cual se eliminaría en el proyecto de reforma energética.

Dijo que el cargo por el ajuste por combustible debe ser cosa del pasado. Este cargo hace que se aumente las tarifas a los consumidores.

En cuanto a la Junta, Pierluisi dijo que la misma debe también establecer los términos y condiciones de los contratos de compra de energía que produzcan entidades privadas por medio de ‘power purchasing agreements’.