El director ejecutivo de la American Civil Liberties Union (ACLU), William Ramirez, sostuvo que se propone revivir el pleito por violación de derechos civiles contra la Policía de Puerto Rico que la ACLU había transado al alegar que la Uniformada continúa cometiendo abusos contra ciudadanos porque el gobierno ha incumplido con la reforma policial.

Ramírez dijo que ya se reunió con funcionarios del Departamento de Justicia federal para pedirles que no le permitan al Gobierno usar la excusa de que no tiene jefe de Policía o secretario de Justicia para justificar los atrasos en implementar la reforma policial. Este fin de semana, se reunirá en Florida con abogados de la ACLU de todo Estados Unidos para revivir el pleito.

‘Si Puerto Rico no cumple con el acuerdo, que le sometan una moción de que no cumple para que se le impongan multas’, dijo Ramírez en expresiones hechas el viernes antes del anuncio de la designación del Coronel José Luis Caldero como nuevo Superintendente.

Ramírez recalcó que es culpa del Gobierno mismo el que hayan tenido tanto cambio en la jefatura de la Policía y de Justicia, y que esto ha desembocado en que la reforma policial no haya tenido seguimiento.

Cuando salió el informe de Justicia federal sobre la violación de derechos civiles por parte de la Policía, la ACLU radicó una demanda antes que Justicia federal para que se pusiera a la Policía en sindicatura. Luego que se llegó a un acuerdo con el gobierno federal para reformar la Policía, la ACLU retiró su demanda sujeto a que se cumpliera el acuerdo de reforma.

Ramírez destacó que tiene querellas de jóvenes, quienes han sido agredidos por policías para quitarles sus celulares por estar fotografiando a policías mientras intervienen con personas. La mayoría de los casos son del centro de la Isla.

‘Tengo un joven en Naranjito que lo golpearon porque estaba retratando a unos policías haciendo una intervención. Le quitaron su iPhone y ahora no aparece’, dijo al declarar que el joven estaba en la terraza de su casa.

Ramírez dijo que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que reafirma el derecho de las personas a retratar a policías mientras hacen su trabajo. ‘Lo que pasa es que no quieren que los retraten cometiendo abusos. Nosotros nos enteramos de abusos precisamente por videos’, dijo.

Además, tampoco se les puede quitar su celular a personas con la excusa de que quieren evitar que pongan fotos en las redes sociales porque eso es censura previa y es inconstitucional. De hecho, esta semana Justicia emitió una directriz sobre que esas incautaciones de teléfonos no se pueden hacer, esto tras un incidente en el que se incautaron los teléfonos de personas que grababan a las autoridades manejando una escena de asesinato en Cupey.

Aunque el director de la ACLU dijo no conocer bien al ex Superintendente James Tuller, destacó que éste fue el único jefe de la Policía que en el tiempo que él lleva al frente de la ACLU se reunió con su organización. Destacó que le pareció extraño el escándalo alrededor de sus finanzas personales porque en Nueva York se puede radicar planillas como soltero y si resulta que se debe dinero luego de una auditoría, se paga. ‘Si se hace una auditoría, tú pagas y ya. Se lo hacen a mucha gente’, dijo.

El retraso en implantar la reforma policial se complica por el hecho de que el monitor de la Policía, Juan Mattos, rehusó la designación y todavía no se ha llenado esa plaza.

Aunque el secretario de Justicia, César Miranda, ya dijo que la semana que viene espera someter el nombre del nuevo monitor, Ramírez dijo que el proceso ha sido poco transparente y que violaba el acuerdo para transar el caso con la ACLU por violación de derechos.

‘Ni el Departamento de Justicia federal sabía lo del monitor. Yo me enteré por el periódico y se supone que me lo notifiquen porque eso está en el acuerdo con nosotros,’ declaró Ramírez.

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