Los obispos de la iglesia católica deben cooperar con las autoridades, principalmente el Departamento de Justicia, para que los sacerdotes pederastas paguen por sus crímenes, dijo el gobernador Alejandro García Padilla.

NotiCel le preguntó en una rueda de prensa por la indignación que ha generado la expulsión de al menos seis sacerdotes de la Diócesis de Arecibo y si entendía que ambos obispos, Roberto González Nieves y Daniel Fernández Torres, debían delatar a los que curas que permanecen en la calle y siguen siendo una amenaza para los menores.

‘El país entero y yo me uno a esa consternación y el mundo entero, no quisiera singularizarlo en la realidad de la Diócesis de Arecibo, donde estoy seguro que, igual que en otras diócesis, trabajan sacerdotes y miembros del clero de primer orden y gente muy dedicada a su función pastoral’, dijo inicialmente el mandatario.

‘Es algo que es reprochable bajo cualquier circunstancia y muchísimo más cuando se trata de una persona a quien se le ha encomendado la dirección espiritual de un niño o de una niña. Esta es una situación que es abominable ante cualquier circunstancia, pero cuando se trata de una persona que se supone que tenga su vida consagrada a Dios pues resulta ser mucho más hiriente de la sensibilidad del país y por supuesto debe ser aun más pesada la acción de la ley contra ellos’, sostuvo.

García Padilla recordó que ya el Departamento de Justicia inició una investigación y emitió requerimientos de información contra la Diócesis de Arecibo, donde el propio obispo Fernández Torres está siendo investigado por presuntamente abusar de un menor de edad que ahora es adulto.

‘En cuanto a que estrategias utiliza el Departamento de Justicia y los fiscales y los investigadores para dar con los responsables de actos que sin lugar a dudas violan mucho más que la ley, violan la sensibilidad de la familia, del ser humano y de la comunidad, pues yo no entro en esas estrategias. Tienen que ser las más proactivas y las más abarcadoras. Sin duda alguna, (los obispos) tienen que cooperar con la justicia para sacar a estas personas de la calle’, sentenció García Padilla.

González Nieves reconoció que un sacerdote de San Juan que ya fue expulsado da misas por las casas, pero que no está al frente de una parroquia.

El Monseñor capitalino insistió en que no estaba obligado a delatar al sacerdote ante las autoridades civiles porque la víctima, a la que la iglesia le ofreció $25,000 y cubrirle otros gastos, es mayor de edad.

González Nieves describió al sacerdote pederasta como ‘una persona enferma que cometió un delito’, pero aún así entiende en que no debía reportarlo a las autoridades. El sacerdote en cuestión sigue en la libre en la comunidad y su delito impune.