Una experta del derecho ambiental y constitucional advirtió a NotiCel que la destrucción y mutilación del patrimonio arqueológico de Puerto Rico constituye un delito grave con penalidad severa. Las instituciones encargadas de velar por la protección de estos bienes, prefieren, sin embargo, evadir su responsabilidad ministerial, según confirman las expresiones recientes que hicieron a este diario digital.

La catedrática de derecho, JessicaRodríguez Martín, se unió el miércoles al grupo de personas que han exigido a las instituciones responsables de velar por los patrimonios históricos de Puerto Rico, una acción legal contra el administrador de Fortaleza, Harold González, quien supuestamente ordenó la limpieza a máquina de presión de la muralla que ubica en el Paseo de la Princesa.

La ley de Patrimonio Arqueológico, enmendada el 29 de agosto de 2002, establece como delito grave el destruir o mutilar patrimonios históricos, e impone una pena de multa de hasta $5,000, o reclusión por un término de tres años.

La mutilación, según Rodríguez Martín, bien podría definirse como un daño estructural en su componente original, y que a su vez conlleva riesgo de erosión severo por la falta de patina. La catedrática explicó que al remover la patina, que es la protección exterior, el material arenoso y calizo de la estructura queda expuesto a los elementos de la naturaleza como el viento y la lluvia, que podrían afectar su estabilidad.

Esa responsabilidad de investigar e imponer sanciones en protección de un bien patrimonial, le corresponde claramente por ley al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), a pesar del ‘desconocimiento real o fingido’ de la directora, Liliana Ramos Collado. La leynúm. 161 de 2009, para la Reforma del Proceso de Permisos, transfiere toda facultad, relacionada a la evaluación para la concesióno denegación de permisos de patrimonios históricos al instituto. Ramos Collado indicó en una entrevista el lunes que no tomará acción legal o administrativa contra los responsables de la controvertible limpieza, puesto que no se había violado ‘ninguna ley’.

En los países europeos con estructuras medievales, la actitud del gobierno es completamente distinta, aseguró Rodríguez Martín, quien sigue de cerca los procesos de conservación en ciudades cuyos monumentos han sobrevivido ocho o nueve siglos de historia. ‘Los procesos de restauración se tratan como si fuera la piel de un bebé. Allí no se puede tocar nada sin obtener todo tipo de permisos y un equipo especializado para el tratamiento de sus monumentos’. Insistió que la única razón por la cual se han conservado durante siglos ha sido por el trato que se les da. ‘Si alguien se le ocurre una cosa como la que ocurrió aquí, va preso’, recalcó.

La catedrática insistió que el país cuenta con las herramientas legales para evitar que ocurran estas ‘aberraciones’ contra el patrimonio cultural.’Es lamentable que, al igual que los delitos ambientales del Código Penal, nunca se radican y por ende, las agresiones no se erradican’, puntualizó.

*Ver también:

Directora del ICP se rehúsa a aplicar ley a los que incumplieron con muralla (documentos)

ley112_del_consejo_arqueolgico_terrestre.pdf_3933