Cuando la jueza federal Carmen Consuelo Cerezo comience atienda desde las 9:00 am la vista evidenciaria que le ordenó el Primer Circuito de Apelaciones de Boston en el caso de la posible reactivación de cientos de miles de electores excluidos, tendrá que buscar la verdad entre dos extremos: en un lado los que le dicen que eso es casi tan fácil como apretar un botón, y en otro lado los que le dicen que implicaría casi montar una elección completa paralela.
Esas visiones quedaron plasmadas en los escritos que sometieron durante el fin de semana el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo, y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Héctor Conty, y el comisionado electoral del Partido Puertorriqueños por Puerto Rico, Adrián Diaz Diaz, quienes componen el bloque que dice que esto es casi una elección nueva; y el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Eder Ortiz, así como el grupo de demandantes, quienes sostienen que dejar votar a los excluidos no es más difícil que correr la elección de 2008, cuando estos electores eran parte del Registro Electoral.
Además de las implicaciones de logística, la jueza Cerezo también tendrá que afinar en el derecho, ya que el escrito de Mundo argumenta que, en todo caso, a lo único que tendrían derecho los electores excluidos es a votar por el Comisionado Residente, mientras que los demandantes, la CEE y Ortiz parten de la premisa de que, una vez restablecido, el elector va a poder votar en todas las papeletas.
En su escrito, Conty le dice al tribunal que, a este momento, no hay suficiente inventario de papel para imprimir las nuevas papeletas, ni suficientes accesorios como lápices, tinta, y otros.
Además, que los 330,902 electores que serían restablecidos producirían la necesidad de crear 1,700 nuevos lugares de votación, y que cada partido reclute unos 3,000 funcionarios de colegio; así como que no se están preparados para la avalancha de nuevas tarjetas electorales que tendrían que emitir ni para los cambios que ese nuevo cúmulo de votos causaría en el proceso de escrutinio general.
El PNP añade que las listas de electores inactivos de la CEE tiene a sobre 1.5 millones de electores que no han votado desde 1980 y que no se podría cernir la información para sacar sólo los que no han votado en las últimas dos elecciones que son los que, a lo sumo, tendrían derecho a la reactivación automática del pleito.
Por su parte, el PPD y los demandantes sostienen que se debe partir de la premisa de que esos votantes están ya en el sistema de la CEE y que, igual que con el universo general de electores, no se puede asumir que la totalidad de los electores excluidos van a ir a votar una vez sean restablecidos.
Con eso en mente, que la cantidad de papeletas nuevas que habría que preparar caen dentro del espacio de flexibilidad que tiene la CEE en el contrato de impresión de papeletas, por lo que no sería trabajo adicional.
También, que la CEE ha hecho arreglos para que cada colegio de votación atienda 375 electores y que, la reactivación de los electores del pleito junto con la reducción de la población, resultan en un promedio de 376 electores por cada colegio, lo cual no crea un peso significativo.
Subrayaron que, aún si hay que abrir colegios nuevos, de lo que se está hablando es que en las escuelas designadas como centros de votación se habilitan más salones para votar, no que hay que buscar nuevas escuelas.
Los demandantes remataron recordándole al tribunal que ya otro juez federal, José A. Fusté, había ordenado en otro caso la impresión de 2.7 millones de papeletas sólo para cumplir con unos demandantes que pidieron que las mismas tuvieran las instrucciones en inglés y español.
En el caso del PPR, la preocupación principal que expuso su comisionado es que no hay tiempo suficiente para conseguir los oficiales de colegio que se necesitarían para atender los nuevos colegios.
El PPR, así como los demás partidos minoritarios, tradicionalmente enfrentan más dificultades a la hora de conseguir voluntarios que sirvan como oficiales.
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