La aprobación e implementación del proyecto propuesto por el gobernador Luis Fortuño para eximir a las iglesias y organizaciones religiosas bona fide del pago del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) por servicios que ofrezcan ha sido considerado como una medida para atraer votos del sector y como un discrimen contra otras entidades seculares que también sirven a la comunidad.

Aunque el Concilio de Iglesias Puerto Rico, que agrupa a ocho denominaciones en la Isla, aún no ha definido una postura al respecto, el secretario ejecutivo Ángel Luis Rivera Agosto dejó claro que el grupo no es responsable de propulsar esta medida.

‘Nosotros no hemos tenido que ver nada y no se ha dialogado nada sobre esto con nosotros’, manifestó. ‘Somos ciudadanos como cualquier otro y todo lo que el gobierno entienda es para atraer recursos al fisco, se analiza desde una perspectiva ciudadana y no religiosa’, estableció.

Comoquiera, al ministro de la Iglesia de Dios (Discípulos de Cristo) le preocupa que la propuesta vaya a ser discriminatoria contra otras organizaciones no religiosas y que también ofrezcan servicios sin ánimo de lucro. En ese sentido, dijo ‘se puede ver la huella de discrimen’.

El ministro fue más lejos, y dijo que ‘aquellos que puedan estar detrás de proyectos como este deben ser señalados directamente’ porque ‘existe un prejuicio de que los religiosos andamos buscando prebendas del gobierno y esa no es la Iglesia Cristiana y la Iglesia Evangélica’.

Para Rivera Agosto, aún es prematuro categorizar si el esfuerzo de Fortuño es un intento por acaparar los votos del tercer sector, pero dejó claro que el Concilio de Iglesias sí tiene una posición oficial en cuanto a no auspiciar a algún candidato a puesto político, aunque este coincida con algunas de las opiniones esbozadas por el grupo.

Esa descisión fue aprobada en la asamblea anual que realizó el Concilio el pasado octubre. ‘Hacemos un llamado a las iglesias a que voten en el libre ejercicio de la democracia’, apuntó Rivera Agosto.

‘Ninguna de las ochos denominaciones trabaja para obtener prebendas del gobiernos, sí acuerdos de colaboración para beneficiar a la comunidad, pero nos vemos igualmente situados que cualquier otro organismo sin fines de lucro’.

Hace cerca de un año, el 24 de marzo de 2011, el Concilio celebro una conferencia de prensa en la que dejaban saber su oposición a la implementación del proyecto del IVU Loto como medida para atajar la evasión contributiva, por considerarlo un mecanismo para propiciar los juegos de azar, actividad que va en contra de los valores cristianos. En aquel entonces, el grupo de religiosos portavoces dejaron claro que su intención no era oponerse al pago de las contribuciones establecidas por ley.

Por otra parte, la directora ejecutiva del proyecto Matria, Amárilis Pagán criticó el viernes las intenciones del Gobernador de eximir del impuesto sobre ventas y uso (IVU) a iglesias y organizaciones de base de fe y catalogó la medida como una ‘caza de votos’ y como parte de un esfuerzo consistente por privilegiar a este sector.

Fortuño había explicado el viernes que dio la instrucción para que no se intervenga con estas organizaciones en cuanto a ventas ocasionales que realizan para subvencionar obras caritativas y otras actividades directamente ligadas a su ministerio.