Pese a que la propuesta de la compañía STZ Development no cumplía con la mayoría de los requisitos de la subasta y establecía los costos más caros, la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) favoreció a esta empresa sobre nueve que participaron para construir y arrendar el nuevo Tribunal Regional de Aibonito, según denunció otro de los proponentes y presidente de Maranello Incorporado, Alfonso Valdés.

‘La OAT adjudicó una subasta para la construcción del Centro Judicial de Aibonito plagada de irregularidades y más cara por $66 millones. Maranello alega violación de todos los reglamentos internos de la OAT en la adjudicación de la subasta. La OAT actuó de forma arbitraria y caprichosa e ignoró deficiencias en el licitador favoreciente’.

La propuesta de STZ fue de $224.9 millones (por renta a 30 años), mientras que la de Maranello fue de $158.9 millones y aparentemente cumplía con todos los requisitos.

Alfonso Valdés (Melissa Solórzano García)

Ante este panorama, Valdés detalló que Maranello demandó a la OAT e impugnó el otorgamiento de la subasta por alegada violación al reglamento interno de la dependencia en términos de construcción, amplitud de terreno, expansión del edificio y accesos que se evidencia a través de las evaluaciones del comité de OAT.

‘La propuesta vencedora no sometió información esencial como planos, su plan de trabajo ni el costo de los materiales que utilizaría. Además no cumplía con el requisito básico de que el terreno propuesto tuviera espacio para expansión o crecimiento futuro’.

Del resumen de las evaluaciones se desprende además que STZ tampoco presentó información sobre los ascensores, relación de áreas y y usos, subcontratistas eléctricos y mecánicos, protección contra incendio, entre otros.

Además de esta empresa, Bird Interplan Development y Desarrollos Roig han comparecido ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar reconsideración.

Sin embargo, la juez administradora de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez, aseguró mediante una comunicación escrita que la OAT fue imparcial en el proceso de otorgación de subasta para el Centro Judicial en Aibonito.

‘Reiteramos la corrección, imparcialidad y pureza con que se desarrolló el proceso de evaluación de las propuestas recibidas, tal y como se conducen todos los procesos administrativos de la OAT: con el más completo apego a la ley y la reglamentación vigente’.

En el escueto escrito, Vélez dijo además que como la revisión de la licitación está ante la consideración del foro judicial ‘es nuestra norma no comentar ni intervenir en la discusión pública de asuntos que se encuentran ante la consideración de los tribunales en deferencia al proceso adjudicativo que deben llevar a cabo los señores jueces y juezas que tienen ante sí las controversias en cuestión’.

Por otra parte, la jueza administradora refirió los detalles de su posición en un extenso documento que explica el proceso de evaluación en el que se planteó que ‘la totalidad de las condiciones y características específicas requeridas en la Solicitud de Propuesta no pueden ser consideradas como camisas de fuerzas’.

El documento fue firmado por Edwin Vélez Collazo y Alberto Jimenez Santiago.