La muerte del investigador privado que asistía a la defensa de la exgobernadora pesó sobre la decisión.

La jueza federal Silvia Carreño Coll fijó para el 25 de agosto de 2025 el inicio del juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark T. Rossini.

El señalamiento tiene el resultado de que las alegaciones del gobierno federal irán al jurado poco más de cuatro años después de la presentación del pliego acusatorio.

La jueza separó tres semanas para el proceso. La fiscalía anticipó que le podría tomar dos semanas presentar toda su prueba y hasta dos más para la prueba de la defensa.

Los representantes de la exgobernadora habían estado empujando por mantener la fecha de juicio para enero de 2025 e, incluso, estaba sobre la mesa la posibilidad de que ella fuera a juicio separada del resto de los acusados. Pero su abogado, Edgar Sánchez Mercado, informó que el investigador privado que les asistía en la preparación del juicio murió repentinamente y eso les dificultaba estar listos para un juicio en enero. Ahora van los tres a juicio juntos en agosto.

El investigador, Roberto Vizcarrondo, era un alguacil federal retirado que llegó a ser el subdirector de la Oficina de Alguaciles en la isla y candidato a jefe de alguaciles. Su muerte se registró el martes y tanto la jueza como los fiscales y los abogados expresaron sus condolencias durante la conferencia de estado de los procesos.

La fecha fue el único asunto de sustancia que se discutió durante la vista en la que se repitieron las quejas de los abogados sobre el volumen de evidencia que ha entregado la fiscalía y sobre si han cumplido con su deber de especificar cuál usarían en juicio o su deber de entregar evidencia exculpatoria a tiempo.

La jueza Carreño Coll recordó que, aunque el caso no tiene una orden de mordaza, espera que los abogados sean prudentes en sus expresiones públicas y advirtió a los abogados de Rossini, Michael Nadler y Juan Michelen, que los sancionaría si vuelven a hacer comentarios como los que hicieron en una entrevista con Metro el jueves en la que la jueza entiende que discutieron evidencia del caso.

El tribunal tiene pendiente mociones de desestimación de cargos de parte de Herrera Velutini y de Rossini. La más reciente es la del banquero, quien alegó esta semana que el pliego acusatorio no identifica cuál fue el “acto oficial” que fue objeto del esquema de soborno. El pliego dice que Vázquez Garced destituyó al comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner Kelly, y lo sustituyó por un consultor de Herrera Velutini, todo a solicitud del banquero y a cambio de apoyo económico de este a su campaña primarista. Pero en la moción, Herrera Velutin argumenta que Joyner no fue destituido sino que renunció y que la acusación representa una intervención indebida del gobierno en las facultades de un gobernador sobre las posiciones de confianza en su administración.

La semana pasada, Rossini sometió una moción en la que plantea que las interacciones entre los acusados no eran delictivas sino discusiones y cabildeo legal en el ámbito gubernamental. Añadió que los tres acusados se habían acercado a las autoridades para denunciar actos ilegales. Específicamente sobre Vázquez Garced, revelaron que se había alambrado para grabar conversaciones como confidente del FBI porque, en agosto de 2019, entendió que era objeto de un soborno por parte de la comisionada residente Jenniffer González Colón y del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quienes le ofrecían un nonbramiento judicial para su esposo a cambio de que designara a alguno de ellos secretario de Estado y luego renunciara a al gobernación para que alguno de ellos se pudiera convertir en gobernador sucesor del renunciante Ricardo Rosselló.

Ya la jueza había denegado una moción de desestimación por parte de Vázquez Garced.

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