Exgobernadora y exagente del FBI someten sus fundamentos para solicitar ser enjuiciados separados del banquero Julio Herrera Velutini en el caso que imputa esquemas de sobornos con relación a Bancrédito International Bank & Trust.

En mociones sometidas el jueves, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark T. Rossini, alegaron que la mayoría de la evidencia en el caso federal que enfrentan está relacionada con su coacusado, el banquero Julio Herrera Velutini, por lo que deben tener juicio separado de él.

La controversia sobre si se va a separar a los acusados se suma a la que levantó Herrera Velutini de que quiere que el juicio sea fuera de Puerto Rico o que lo presida un juez visitante. Esos son los asuntos pendientes que más podrían alterar el rumbo del proceso que tiene asignado la jueza federal Silvia Carreño Coll, quien pautó fecha tentativa de inicio de juicio para entre febrero y marzo de 2024.

Acceder a cualquiera de estas peticiones impactaría el calendario del caso.

Vázquez Garced y Rossini parten señalando a la jueza que el pliego acusatorio que se les presentó en agosto de 2022 describe lo que entienden son dos supuestas conspiraciones que están separadas en tiempo, en propósito y en participantes, teniendo como único elemento común el que Herrera Velutini habría participado en ambas. Las dos tramas involucran soborno a funcionarios públicos.

La primera, con hechos que discurrieron entre diciembre de 2019 y mayo de 2020, sería dar apoyo económico a la campaña primarista de Vázquez Garced a cambio de que esta destituyera a un jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y lo sustituyera con uno que el banquero escogió con el propósito de detener indagatorias de ese regulador al banco de Herrera Velutini, el Bancrédito International Bank & Trust.

La segunda, con hechos entre abril y agosto de 2021, sería porque, como el comisionado escogido por Herrera Velutini para OCIF no pudo detener la pesquisa, entonces el banquero habría dado dinero a la campaña del ya gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para evitar firmar un acuerdo mediante el que el banco admitiría deficiencias en sus prácticas antilavado de dinero, para no tener que someter informes de actividad sospechosa (SAR en inglés) con relación a cuentas y transacciones del propio Herrera Velutini y para destituir a ciertos empleados de OCIF. Ese trámite habría ocurrido sin conocimiento del Gobernador y a través de su amigo, el convicto recaudador Joseph “Joey” Fuentes Fernández.

En su moción para solicitar traslado del caso o asignación de un juez visitante, Herrera Velutini adelantó que pretendía llamar a Pierluisi Urrutia como uno de sus testigos de defensa.

Además de argumentar que las conspiraciones están separadas en tiempo, los coacusados resaltaron que no hay hechos que las aten o que los participantes de una supieran de la otra.

Aseguran también que la mayoría de la evidencia tiene que ver con actos de Herrera Velutini y con deficiencias en Bancrédito, por lo que Vázquez Garced y Rossini se corren el riesgo de contaminarse con el impacto que va a tener en el jurado el estar días y días escuchando evidencia que solo tiene que ver con el banquero y no con ellos.

“En el mejor de los escenarios, el caso contra Vázquez Garced es circunstancial… [e]l pliego acusatorio muestra que el gobierno intentará probar su culpabilidad por inferencia. Pero no Herrera. Las alegaciones en su contra son más específicas y la investigación del gobierno en su contra está mejor documentada (estimamos que el 90% del descubrimiento provisto por el gobierno hasta ahora, incluyendo grabaciones consensuales, no está relacionada con Vázquez Garced)”, dijeron los abogados de la exsecretaria de Justicia al recordarle a la jueza que las controversias de evidencia que hay entre Herrera Velutini y Bancrédito son el elemento que amenaza con atrasar el inicio del juicio.

Eso incluye evidencia designada como confidencial por motivo de seguridad nacional que los abogados plantean también que no tiene que ver con su clienta, aunque no la han visto porque, por su naturaleza sensitiva, se trata de información que están manejando solamente el Departamento de Justicia federal y el tribunal.

Los abogados subrayaron que en el Distrito de Puerto Rico no hay precedente para el perjuicio que puede sufrir su clienta porque el jurado esté escuchando prueba que supuestamente no tiene que ver con ella, pero que está clasificada por motivo de seguridad nacional, algo que no se había manejado antes en un juicio federal aquí.

Vea:

Herrera Velutini pretende usar al Gobernador como testigo