Una empresa que tiene al frente a la hija del corrupto excontratista público intenta establecer un centro de manufactura y dispensario de cannabis medicinal al que sus vecinos se oponen.

El Tribunal de Apelaciones sostuvo la denegatoria de consulta de ubicación que emitió la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para cerrar el paso al centro de manufactura y dispensario de cannabis medicinal que una empresa asociada al convicto excontratista Oscar Santamaría Torres quiere establecer en el barrio Beatriz de Cidra.

En una sentencia del 21 de noviembre pasado, el panel de jueces compuesto por el administrador del foro, Roberto Sánchez Ramos, y los jueces Waldemar Rivera Torres y Carlos Salgado Schwarz, indicaron que el expediente de la consulta de ubicación respalda la decisión de OGPe de denegar la misma y que la empresa Saint Mary Investment LLC no había provisto evidencia suficiente para ponerlos en posición de evaluar algunas de sus objeciones a esa denegación.

La OGPe basó su determinación en deficiencias relacionadas con lo que los reglamentos y política pública indican que son actividades permitidas en un área rural, pero también en la oposición de los vecinos.

Santamaría Torres no solamente enfrenta la oposición al establecimiento allí del negocio de cannabis, sino también ha enfrentado quejas de los vecinos y fiscalización y multa del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por la forma en que opera, en el mismo solar, la empresa de manejo de desperdicios sólidos, Waste Collection. Esta empresa es la que estuvo al centro de la madeja de corrupción que Santamaría Torres tejió en varios municipios, tanto de alcaldes del Partido Popular Democrático como del Nuevo Progresista, y por la que se declaró culpable en el foro federal a fines de 2021. El abogado, quien fue suspendido indefinidamente por el Tribunal Supremo como secuela de su caso criminal, todavía no ha sido sentenciado.

La gestión del negocio de cannabis se hace a través del nombre comercial Fresh Flowers y está encabezada por la hija de Santamaría Torres, Lindamari. Uno de los argumentos ante el apelativo fue que los vecinos y OGPe habían inmiscuido indebidamente a Santamaría Torres con la gestión de un negocio que está a cargo de su hija, pero el foro consignó que no tomaron eso en cuenta, primero porque Saint Mary nunca proveyó la transcripción de la vista pública de julio pasado en la que los vecinos hablaron, y, segundo, porque las determinaciones de OGPe encuentran respaldo en los reglamentos. En una declaración después de que NotiCel divulgara las intenciones de Fresh Flowers, Santamaría Torres dijo que no tenía “un interés propietario en ningún tipo de empresa relacionada (al cannabis medicinal)”.

La Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal concedió a Fresh Flowers un permiso preliminar, que tiene el propósito de que la persona interesada en establecer los dispensarios y el centro de manufactura hagan gestiones de negocio, pero que no es final y no implica que ya pueden operar. El final estaría condicionado a que, en efecto, la gestión de cumplir con los demás requisitos tenga éxito y entonces la Junta otorga un permiso final. El permiso preliminar está desde antes de que Santamaría Torres se declarara cupable.

Según los documentos sometidos a OGPe, Saint Mary tomaría una estructura que era parte del negocio de trasbordo de desperdicios de Waste Collection y la convertiría en centro de cultivo, manufactura y dispensario. De la misma manera, ubicaría dispensarios en San Juan y Naguabo. El solar está a entre 100 y 500 pies de las residencias de sus vecinos y a 75 pies de la quebrada que representa la línea divisoria entre Caguas y Cayey.

El apelativo recalcó que Fresh Flowers gestionaba su permiso como una variación de uso porque el establecimiento de las facilidades que proponen no está directamente autorizado para un terreno calificado como Distrito Área Rural Desarrollada. Pero. “por la naturaleza del interés público en la planificación urbana, las variaciones no se favorecen… OGPe (y sus organismos) no deben aplicar con laxitud los requisitos para aprobar las variaciones porque ello socava la política pública de desarrollo ordenado latente en la legislación sobre planificación”, subrayó el panel al observar también que el proyecto hablar de un acceso a una carretera sin tener una opinión para ello del Departamento de Transportación y Obras Públicas y que permitir la ubicación del negocio en el barrio imposibilitaría la ubicación futura de planteles escolares porque se prohíbe que los mismos estén a menos de 100 metros de un negocio de cannabis, entre otras deficiencias.

De hecho, Fresh Flowers no cumplió con someter una declaración sobre cómo el establecimiento de su negocio allí favorecía el interés público.

“[C]onsideramos que la agencia expuso razones válidas para emitir una determinación desfavorable en el caso de autos y que las constancias del expediente sustentan las mismas”, concluyeron.

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