La empresa de Walter Pierluisi Isern tenía una trayectoria larga como administradora de vivienda pública, pero recientemente comenzó a dar servicios relacionados a terremotos y huracanes también.

Los hechos que provocaron el diligenciamiento ayer de tres órdenes de allanamiento por parte de agentes federales contra la oficina y el teléfono celular de dos primos del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia no han sido confirmados, pero la trayectoria pública de ambos deja planteada actuaciones como integrantes de la campaña del gobernador y como contratistas de gobierno.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) y la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Vivienda federal (HUD), diligenciaron una orden en el 1541 de la calle Ponce de León, San Juan, en la que ubican tanto el bufete Pierluisi Isern Law Office PSC, como la sede de American Management & Administration, Corp. (AMAC). Ambas entidades están a cargo de Walter Pierluisi Isern. Además, diligenciaron una orden para incautar el teléfono de su hermano, Eduardo Javier Pierluisi Isern, y el de otra persona cuya identidad no se ha confirmado.

En particular, la orden dirigida al lugar donde ubica el bufete de Pierluisi Isern tiene que haber sido revisada y autorizada por el Departamento de Justicia federal en Washington DC por el potencial que tiene de abarcar material protegido por el privilegio abogado-cliente.

La orden de allanamiento no implica que las personas relacionadas serán acusadas, pero sí que a un magistrado federal se le presentó suficiente prueba para determinar que los lugares a ser registrados y los aparatos a ser incautados contienen evidencia sobre la comisión de algún delito federal. Según Las Noticias de Teleonce, las órdenes fueron emitidas bajo la sospecha de que se habían cometido los delitos de conspiración, soborno, lavado de dinero y declaración falsa.

AMAC ha tenido contratos de administración de complejos de vivienda pública desde 1995. Del saque, los contratos de esa empresa, y otras administradoras de residenciales, cayeron bajo la lupa del OIG, que en un informe de 2003 criticó el proceso de adjudicación de los contratos y también los costos. Todos los contratistas tuvieron un aumento injustificado en la tarifa por unidad administrada entre su contrato de 1997 y el de 2000.

AMAC fue la segunda a la que más le aumentaron la tarifa con un incremento del 100% (se la duplicaron) entre contrato y contrato. El proceso cuestionado ocurrió cuando el administrador de Vivienda Pública de la Administración Rosselló era John Blakeman Ortiz, quien ahora es un testigo cooperador de las agencias federales con un acuerdo formalizado en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

Actualmente, AMAC tiene bajo su contrato 34 complejos de vivienda en Aguada, Aguadilla, Arecibo, Hatillo, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas, Rincón, San Sebastián y Utuado. Alejandro Salgado Colón, administrador de Vivienda Pública, dijo que el contrato de administración asciende a casi $4.5 millones y está vigente hasta 2023. También, AMAC tiene con esa agencia un segundo contrato por $150,000 con vigencia hasta 2023 para administrar refugios que puedan ser necesarios por huracanes u otros desastres.

Salgado dijo que su agencia no ha recibido requerimientos de información por parte del OIG o HUD sobre AMAC.

Nuevos servicios

Pero, recientemente AMAC incursionó también en prestar servicios a municipios relacionados con desastres, los cuales no había ofrecido antes.

En Peñuelas, tiene un contrato por $600,000 hasta el 31 de octubre de este año para manejar el programa de demolición de propiedades y remoción de escombros («Private Property Debris Removal and Demolition Program»). El programa está financiado con fondos federales.

En Yauco, municipio que está bajo investigación federal como parte de la cooperación que provee el excontratista Oscar Javier Santamaría Torres, la compañía de Pierluisi Isern tiene dos contratos vigentes financiados con fondos federales. Uno está vigente hasta 2023 por $4.5 millones bajo el mismo programa de demolición y remoción de escombros que tiene contratado en Peñuelas y que se habilita para atender los daños que ocasionaron a la región los terremotos de 2020. El otro tiene vigencia hasta enero de 2025 por poco más de $1 millón para servir como gerente de los proyectos del municipio bajo el programa federal «City Revitalization»..

En el lado político, ambos hermanos Pierluisi Isern tuvieron roles protagónicos en la campaña a la gobernación de Pierluisi Urrutia.

Walter fue colaborador de la plataforma y director político, mientras que Eduardo Javier fue director de operaciones de campo en las primarias y luego degradado a director de avanzada en la elección general.

Según fuentes, hubo funciones e interacciones entre los miembros del equipo que van más allá de lo que denota un organigrama formal que ha circulado, en el que la estructura respondía a la directora de campaña y hermana del gobernador, María de la Caridad Pierluisi. Por ejemplo, Walter también hacía recaudación de dinero y pagaba cuentas, mientras que Eduardo acompañaba al candidato casi a diario y es el que aparece como incorporador, secretario y agente del Comité Pedro Pierluisi Inc.

Las fuentes añadieron que, tras la victoria de Pierluisi Urrutia, Eduardo Javier acudió en varias ocasiones a La Fortaleza para buscar un acomodo directo en el gobierno o en alguno de los contratistas del gobierno, dos de las formas en que usualmente se compensa el trabajo político en campañas. Pero nunca lo acomodaron.

En los registros de la Oficina del Contralor Electoral, Eduardo Javier aparece con algunos donativos al comité de su primo y al Partido Nuevo Progresista. Su hermano Walter, sin embargo, tiene un historial mucho más amplio de donativos con la mayoría dirigidos al senador Thomas Rivera Schatz, pero también a los representantes José Aponte Hernández, Jorge Navarro Suárez, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, y, también, en el 2013, al Partido Popular Democrático y al exgobernador de ese partido, Alejandro García Padilla. A nivel de Estados Unidos, tiene donativos al Comité Nacional Republicano.

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