Mario Villegas Vargas, arrestado por el FBI como parte de la pesquisa que involucra a varios alcaldes, mantiene una pugna legal con su socio, Raymond Rodríguez Santos por el manejo de la empresa.

J.R. Asphalt Inc. y Waste Collection Corp., las dos empresas involucradas en el caso federal por corrupción en el municipio de Cataño, están implicadas en una lucha legal que mantiene enfrentados a los dos dueños de la asfaltera y que tiene a la compañía camino a la disolución.

En agosto pasado, tres meses antes de que las autoridades federales revelaran el esquema en Cataño, el codueño de J.R. Asphalt, Mario Villegas Vargas, demandó a su socio, Raymond Rodríguez Santos, y a la empresa pidiendo la intervención del tribunal por supuestos actos no autorizados que había llevado a cabo Rodríguez Santos con las cuentas bancarias y propiedades de la empresa que ha acumulado $94.5 millones en contratos públicos desde el 2008.

En ese caso, son dos socios que ya no tienen la misma visión sobre la empresa. Pero ahora, en el caso federal, Rodríguez Santos aparece en la acusación de Villegas Vargas, sin ser mencionado por nombre, como uno de los conspiradores no acusados en el esquema mediante el que Villegas Vargas regaló relojes de lujo, pagó $30,000 en donativos políticos ilegales y dió al menos $94,840 al convicto exalcalde, Félix «Cano» Delgado Montalvo, para conseguir contratos públicos. La acusación menciona, sin nombrarlos, tanto al exalcalde como a Rodríguez Santos en calidad de coconspiradores. Esto es indicativo de que, igual que Delgado Montalvo, Rodríguez Santos también coopera con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en contra de Villegas Vargas.

En la demanda civil por el futuro de la empresa se habían sometido al tribunal acuerdos confidenciales para disponer del caso el 10 de noviembre. Pero el jueves pasado, mismo día del arresto de Villegas Vargas, este sometió una moción que reveló que se ha designado un administrador judicial, el licenciado Eduardo Soria Rivera, que se encargará de la administración de la asfaltera y de su disolución, en la eventualidad de que sus socios no puedan llegar a acuerdos.

En la moción el día de su arresto, Villegas Vargas insistió en la imputación principal que hace a su socio, que está disponiendo de los activos de la empresa sin notificarle y que abrió una cuenta de banco separada para desviar dinero que la asfaltera recibe de Waste Collection.

«Luego de haber obtenido algunas copias de los estados de bancarios de J.R. Asphalt, Inc. en la Cuenta 3004104586; es decir, la única cuenta de banco autorizada para esa corporación, Villegas Vargas observó, que entre el año 2018 y el 2021, Rodríguez Santos no realizó depósitos por la cantidad aproximada de $1,622,000.00 en pagos que se recibían mediante cheques de la entidad Waste Collection, Corp. J.R. Asphalt, Inc. es un proveedor de servicios a Waste Collection, Corp. mediante un acuerdo que comenzó con pagos mensuales por la cantidad de $46,000.00 y que fue aumentado a $56,000.00 durante el año 2019», indica la demanda enmendada.

Ambas empresas aparecen teniendo contratos públicos en distintos municipios, pero no se presentan como una operación conjunta. En el caso de Cataño, durante la incumbencia de Delgado Montalvo la asfaltera acumuló casi $10 millones en contratos y Waste Collection poco más de $13 millones. La denuncia bajo la que Delgado Montalvo se declaró culpable dice que recibía $2,000 semanales en efectivo de parte del dueño de Waste Collectio, Oscar Javier Santamaría Torres, para asegurar que su empresa tuviera contratos, mientras que la acusación de gran jurado contra Villegas Vargas plantea algo similar, pero en beneficio de la asfaltera.

En la demanda civil por el control de la asfaltera, Rodríguez Santos está representado por el exsecretario de Asuntos Públicos de la Administración Rosselló Nevares, Ramón Rosario Cortés, quien también representa a Waste Collection en otro pleito. Villegas Vargas está representado por Armando Jiménez Seda y Ramón Ramos Aponte, mientras que J.R. Asphalt, como entidad jurídica, está representada por el profesor Carlos Díaz Olivo.

Rodríguez Santos ha optado por levantar argumentos técnicos de derecho en el caso, y por negar las alegaciones de su socio, pero Villegas Vargas ha hecho imputaciones detalladas contra Rodríguez Santos, incluyendo usar el dinero de la empresa para pagar vehículos de una mujer con la que supuestamente tiene una relación extramarital, para financiar un negocio de estética de su esposa y para pagar un carro marca Ferrari. Moneyed Investments LLC es otro negocio de Rodríguez Santos para el que supuestamente se desvían fondos de la asfaltera. Tras una vista el 29 de octubre, el tribunal ordenó a Rodríguez Santos detener los pagos de la asfaltera para negocios personales.

Villegas Vargas sostiene que «adquirió su vasta experiencia en esa industria al originalmente formar parte de la extinta empresa dedicada a esos fines conocida como Best Asphalt Corporation, la cual fue fundada en el año 1979 por su abuelo» y que «[p]ara el comienzo de la operación comercial haciendo negocios como J.R. Asphalt (en 2004), aportó maquinaria y equipo que le fue donada por su abuelo Mario Villegas Agosto».

Por sus respectivas áreas de experiencia, los socios supuestamente se dividieron el trabajo en la asfaltera con Rodríguez Santos manejando la administración y Villegas Vargas la supervisión del trabajo de campo. Pero Rodríguez Santos alegó al tribunal que su socio ha sido «frívolo (y) temerario» en sus imputaciones porque el tracto corporativo demuestra que no es oficial de la empresa desde hace 10 años. Añade que, «en claro conflicto de intereses, comenzó negocios con un competidor de la Corporación (I.M.R. Contractors & Services, Inc.) y ha iniciado un patrón de acciones para sacar del mercado a J.R. Asphalt Inc. e interferir torticeramente con relaciones contractuales de esta empresa con terceros».

Como parte de la pugna entre socios, al menos el municipio de Trujillo Alto decidió dejar de hacer pagos directos a la empresa y comenzar a consignarlos en el tribunal para que ese foro adjudique quién debe recibir el dinero. Trujillo Alto es uno de los municipio supuestamente involucrado en la pesquisa de pago de sobornos a cambio de contratos.

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